Dentro de la equivocada política de la “Paz Total”, que como bandera de este Gobierno nos ha regresado a la violenta época de las décadas de los 80 y 90, el pasado 21 de junio, habitantes de barrios marginados de Medellín fueron obligados por estructuras criminales, según denuncias, a asistir a la plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra, sede de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, para celebrar la aprobación de la reforma laboral alcanzada por el gobierno Petro, y conjuntamente exponer los avances de la Paz Urbana. El acto promovido por la presidencia de la República, con buses pagados para el transporte, con refrigerio incluido, se constituyó en una verdadera afrenta a la institucionalidad colombiana y, de paso, un desafío mayúsculo de la Casa de Nariño al Alcalde de Medellín y al Gobernador de Antioquia. “La Paz Urbana” es un proyecto que lleva dos años, consistente en una mesa de trabajo entre el Estado y los cabecillas de estructuras criminales condenados por múltiples delitos, como la Oficina de Envigado, La Terraza, Los Pesebreros y otros, recluidos en la cárcel de Itagüí. Valga resaltar que a la fecha, en lo que va corrido del año, según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (SISC), se han registrado 144 homicidios en Medellín, la mayoría por disputas entre pandillas, lo que evidencia el fracaso del proyecto. En la tarima, Petro estuvo acompañado por los criminales urbanos que han azotado la ciudad en los últimos años; Dowglas, Lindolfo, Pesebre, El Tigre y otros más, que pagan condenas entre 20 y 36 años. Igualmente los acompañaba la senadora Isabel Cristina Zuleta de la Colombia Humana, y ministros como Pedro Sánchez de Defensa quien afirmó: “al llegar al sitio sentí indignación, pero este es un proceso que adelanta el señor Presidente”. Y agregó: “Yo no soy quien negocio. Como ministro de Defensa la misión la tengo clara, muy clara, estoy para aplicar la ley”. Tan clara la tiene el Ministro, que no tuvo la más mínima vergüenza de hacer parte de un Gobierno que ordenó la liberación del temido jefe de las disidencias de las Farc, Alias Calarcá, capturado por el Ejército en julio del año pasado en una caravana de 12 vehículos blindados de la UNP con armas y dinero, bajo el ministerio de Iván Velásquez, siendo responsable de la muerte de muchos militares como en la masacre del Guaviare, en abril de este año, donde perdieron la vida 13 uniformados. Militar que se respete, fiel a su juramento, no puede permitir el arrodillamiento de la tropa como lo ha hecho Petro, quien ante la crítica por mostrarse en tarima con criminales tras las rejas dijo: “el preso no es un delincuente sino una persona en rehabilitación”, cuando la realidad de nuestras cárceles, es que ellas son centros de formación criminal. El presentarse el Jefe del Estado “adornado” con estos criminales, es un irrespeto y un desafío a nuestra Fuerza Pública, a nuestras instituciones, a los colombianos de bien que somos la inmensa mayoría y al mundo, que perplejo y absorto no entiende como un Presidente elegido popularmente, se regodea y abraza con los más grandes criminales, cuando fue elegido, entre otras cosas, para perseguirlos y someterlos al imperio de la ley. Nosotros los colombianos sí que lo entendemos, porque como dice el viejo refrán, “entre bomberos no se pisan las mangueras”.
Alberto Zuluaga Trujillo. Alzutru45@hotmail.com