La reconstrucción debe diseñarse y planearse, pero también se espera en hogares prestados y economías familiares golpeadas. Desde una realidad cercana, este texto invita a pensar qué necesitan las familias para volver a habitar su vida.
Para una familia de Pereira, de Risaralda o del centro occidente colombiano afectada directamente por el terremoto, la reconstrucción comienza con una pregunta que se repite al despertar: ¿cuánto tiempo más tendremos que vivir así?
Antes del 10 de agosto había un lugar al cual regresar. Una casa levantada con los ahorros de muchos años o un apartamento comprado a crédito, todavía pendiente de pagar. Allí estaban las fotografías, la cama de los niños, los medicamentos de los abuelos y esas cosas pequeñas que hacen reconocible una vida. El terremoto convirtió ese lugar en una pérdida, un peligro o una puerta que ya no se puede abrir.
Quien perdió su casa necesita saber dónde podrá empezar de nuevo. Quien la conserva, pero debe repararla con una inversión que supera sus posibilidades, enfrenta la angustia de verla en pie y no poder habitarla. Para quienes tenían un apartamento en un edificio que debe demolerse, el futuro depende de decisiones técnicas, acuerdos colectivos y recursos por reunir. Y cuando la edificación puede recuperarse, pero el seguro de las áreas comunes no alcanza, regresar queda condicionado a cuotas que muchos propietarios no pueden pagar. Distintas situaciones, una misma incertidumbre: cómo recuperar el hogar sin perder también lo que queda del patrimonio.
Mientras tanto, la vida se acomoda en casa de familiares o amigos. Abrir una puerta fue un acto inmenso de amor: compartir una habitación, servir platos adicionales, encontrar espacio para un colchón. Pero las semanas pasan y dos hogares empiezan a vivir dentro de uno. Se cruzan los horarios, aumentan los gastos y se reduce la intimidad. El cansancio aparece en una discusión pequeña o en la sensación de estar incomodando. Nadie necesita dejar de querer al otro para que la convivencia se vuelva difícil.
Buscar arriendo parece la salida, pero encontrar una vivienda segura y que pueda pagarse se convierte en otra prueba. Antes del terremoto, la Secretaría de Vivienda ya reportaba un déficit cuantitativo y cualitativo de aproximadamente 27.000 viviendas en Pereira. El PAE municipal registra, entre 11.829 predios evaluados, 3.303 no habitables y 4.313 con uso restringido. Son cifras que no deben sumarse, pero muestran cómo la emergencia golpeó una ciudad con necesidades habitacionales previas. Las búsquedas de alquiler aumentaron un 22 % entre julio y agosto y se conocieron denuncias de cobros excesivos en algunos inmuebles. Recibir un auxilio ayuda; encontrar dónde vivir sigue siendo otra tarea.
Al comienzo llegaron alimentos, ropa, aportes y manos dispuestas a sostener lo que parecía derrumbarse. Para esta familia, las ayudas se han vuelto menos frecuentes, mientras las necesidades permanecen. Si el empleo se perdió, el negocio tiene menos clientes o el trabajo independiente recibe menos encargos, los ahorros empiezan a cubrir la vida diaria. Cada cuenta obliga a escoger y cada mes de espera consume una parte de lo que aún quedaba.
La recuperación también depende de lo que ocurre fuera de la vivienda. Hace falta que los niños tengan un colegio seguro, que los servicios de salud funcionen y que vuelvan a abrir los espacios sociales, culturales, recreativos y deportivos donde una comunidad se encuentra y se cuida. Regresar a una casa exige también recuperar el barrio. Y reconstruir el territorio requiere corregir las condiciones de riesgo, revisar dónde se puede habitar y evitar que las nuevas obras hereden las vulnerabilidades de las anteriores.
En esa vida suspendida, el calendario institucional pesa. Al 7 de octubre han pasado 58 días desde el terremoto. El Gobierno anunció la conformación de la junta del Fondo Milagro y su entrada en operación, con un capital inicial anunciado de un billón de pesos; también se expidió la liquidación presupuestal de $624.656 millones previamente adicionados. La UNGRD anunció que el PAE nacional preliminar será presentado el 14 de octubre para su aprobación. Son avances que las familias necesitan ver convertidos en respuestas: qué apoyo recibirán, quién atenderá su caso y cuándo podrán dejar de vivir provisionalmente. La política pública de reconstrucción, con recursos y mecanismos claros, no admite más dilaciones.
También hace falta abrir una puerta a la participación. Las reuniones entre instituciones y gremios económicos deben acompañarse de espacios donde las personas afectadas y las organizaciones sociales puedan discutir las alternativas e incidir en las prioridades. Escuchar su pérdida una y otra vez no basta; su experiencia debe orientar las soluciones. Informar una decisión no equivale a construirla con quienes tendrán que vivir sus consecuencias.
Una familia espera recuperar su vivienda, sus ingresos y su tranquilidad. Una comunidad espera recuperar sus servicios y sus lugares de encuentro. Un territorio espera hacerlo con mayor seguridad y oportunidades. Reconstruir será poder cerrar una puerta propia al final del día, descansar sin miedo y volver a imaginar el próximo año. La vida de quienes lo perdieron todo no puede quedarse en la sala de espera.
