El resultado produjo la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de la República y de José Manuel Restrepo como vicepresidente, quienes recibieron sus credenciales del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, el clima político pareciera indicar que la campaña aún no concluye. El debate democrático, legítimo y necesario, ha dado paso en muchos escenarios a una estridencia que prolonga la confrontación y propende perturbar el ambiente de gobernabilidad que se requiere.
En esa reticencia sobresalen las voces del ahora sector opositor, engoladas por Gustavo Petro e Iván Cepeda, cuyas intervenciones buscan “cuestionar” al nuevo gobierno desde sus primeros pasos. La oposición constituye un elemento esencial de toda democracia; no obstante, cuando la controversia deriva en una sucesión infundada de descalificaciones, delirios y distractores, el país corre el riesgo de permanecer atrapado en la exasperación en lugar de concentrarse en la solución de sus problemas más urgentes.
Al mismo tiempo, recientes revelaciones periodísticas han abierto un intenso debate sobre la eventual conducta de altos funcionarios frente a la política de seguridad y a la relación del Estado con organizaciones criminales. Tales informaciones darán lugar a investigaciones que deberán ser adelantadas por autoridades competentes, dentro y fuera del país.
Mientras ello ocurre, algunos actores han optado por impulsar otras falsas controversias, entre ellas anuncios de acciones judiciales encaminadas a infirmar la elección presidencial, así como exigencias relacionadas con la ciudadanía del presidente electo. Estos desafueros hacen parte de mecanismos tendientes a desdorar la mayoría habilitante. Con ello buscan convertir sofismas anclados en agitación para alimentar incertidumbre institucional, donde no la hay, buscando, asimismo, diluir y ocultar evidencias de hechos oficiales bochornosos e ilegales.
A este clima se suma el resurgimiento de la propuesta de una asamblea constituyente; aquí conviene recordar las palabras pronunciadas por la presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Paola Meneses, durante la conmemoración de los 35 años de la Constitución: “Hoy, el mundo mira a Colombia con profunda admiración por una razón fundamental: logramos transformar el Derecho en una herramienta viva de inclusión. La Constitución de 1991 nació del consenso de un país diverso que decidió plasmar en el artículo 1.º que somos un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana”. Difícil resumir mejor la vigencia del pacto constitucional que ha permitido preservar la institucionalidad en momentos complejos de la historia reciente.
Ahora bien, la intensa actividad de esa oposición también responde a un propósito político: prepararse para recuperar espacios burocráticos y crear trincheras de poder en las elecciones territoriales. En el año entrante los colombianos elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, escenario decisivo para el rumbo del país. La izquierda llega a esa cita con estructuras controladas, liderazgos experimentados y una estrategia definida: la proclamada “desobediencia civil”. Por el contrario, los sectores que respaldan al nuevo gobierno enfrentan el desafío de superar la dispersión de partidos, movimientos, caudillismos locales que con frecuencia privilegian intereses particulares sobre proyectos colectivos. Si desean consolidar el mandato recibido en las urnas, deberán construir candidaturas sólidas, fortalecer sus organizaciones y mantener acuerdos sostenibles. Dicho esto, resulta oportuna la advertencia formulada por el exsenador y periodista Juan Lozano: “Y ojo con Iván Cepeda, que ya parece más activo que en su propia campaña. Ya fue a Cali a trazar la ruta para la elección de alcaldes y gobernadores, que será, ¡cómo no!, un pulso colosal que desde ya está cantado”. Más allá del tono de la frase, encierra una realidad política innegable: la próxima batalla electoral ya comenzó. La democracia exige aceptar los resultados de ayer, ejercer una oposición responsable hoy y prepararse legítimamente para las elecciones de mañana, siempre dentro del respeto por las instituciones y el Estado de Derecho.
