Por: Vicente Zuluaga Osorio
Por encima de la pandemia, el escándalo que involucra al Ejército colombiano, pero principalmente a su ex comandante Nicasio Martínez, no sólo por las revelaciones hechas en su momento por The New York Time sino por las aparecidas en la última edición de la revista Semana, ocupa el primer lugar de las noticias negativas del país, que causan vergüenza y preocupación, porque no es primera vez que somos víctimas del ejército, pues bastantes inocentes ha cobrado a través de los falsos positivos, sino también por los actos de corrupción en la contratación oficial. Hoy resultan perseguidos periodistas, militares retirados, políticos y hasta funcionarios del gobierno.
El propio ministerio de Defensa comunicó esta semana, como consecuencia del escándalo, que separó del ejército a dos generales, ocho coroneles y tres mayores, a quienes ha llamado a calificar servicios, ya que quedan separados de sus cargos. Son ellos, los generales Ernesto Carcía Luna y Eduardo Quiroz, los coroneles Juan Pablo Prado Torres, Julio Tobías López Cuadros, Helmon René Ramos Naranjo, Milton Eugenio Rozo Regado y Hugo Armando Díaz Hernández y los mayores Eduardo De La Torre Díaz, Hernán Rolando Villamín Ortegón y Mauricio Quintero.
Y pensar que todos los escándalos del ejército que la opinión pública conoce vienen desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien a pesar de las masacres de El Aro, La Granja y San Roque, de los falsos positivos, de los números casos de corrupción en que se ha visto involucrado, que dieron lugar a la condena de muchos de sus lugartenientes, como Sabas Pretelt, Diego Palacios, Andrés Felipe Arias, Yidis Medina y otros, no ha sido condenado aún y apenas sí llamado a indagatoria en el caso de los falsos testigos, en un lamentable y vergonzoso caso de morosidad de la Corte Suprema de Justicia, que ha hecho muy poco por demostrar que no pertenece al cartel de la toga, o mejor dicho poco se ha interesado en recuperar la dignidad, el buen nombre y la soberanía de la Admón. de Justicia.
Es decir, el máximo tribunal de la justicia ordinaria no ha sido capaz de librar al país del más peligroso de los ex presidentes, lo cual se consigue con una simple orden de captura, derivada de una medida de aseguramiento de detención preventiva sin derecho a libertad provisional o a prisión domiciliaria, es decir con una remisión a La Picota.
En el país donde todo sucede y nada sucede.
Un país donde los comandantes del ejercito, el presidente títere, el ministro de defensa, desconocen las acciones oscuras , que realizan sus subalternos.
En manos de quien estamos gobernados?
Hacia manos de quien se direccióna este país?.