No, no y no.

Por VICENTE ZULUAGA OSORIO

1.No estoy de acuerdo con el proyecto de reforma de la justicia por muchas razones, entre otras porque es absurdo que se pretenda cambiar los requisitos para ser magistrado de una cualquiera de las Altas Cortes para que en adelante llegue a esa envidiable dignidad cualquier pelagatos. Esa absurda pretensión quiere equiparar a los más sobresalientes juristas del país, quienes allegaron a su ingreso títulos académicos como profesionales, especializaciones, maestrías, doctorados y una larga experiencia en la rama judicial y en el ejercicio de su carrera. Y, además, una hoja de vida impecable.

Si se aprueba ese esperpento jurídico la calidad de los miembros de las Altas Cortes, cuando los actuales terminen su período, se vendrá abajo y ¡Qué vergüenza! Y entonces se podrá decir que cualquiera puede ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Constitucional o del Consejo de Estado. De los miembros del Consejo Superior de la Judicatura o como se vaya a llamar en la reforma no vale la pena mencionar sus requisitos dado el desprestigio que ha rodeado toda su existencia tanto en la Sala Administrativa como en la Disciplinaria.

2. No estoy de acuerdo con los cambios que Margarita Cabello quiere para la Procuraduría:

2.1. crear 5.000 cargos, innecesarios porque se va a archivar 10.000 procesos por prescripción porque no fue capaz de impulsarlos hasta su feliz culminación, qué sentido tiene más burocracia?

2.2. Impulsar una reforma para volver trizas el fallo de la Corte Penal Internacional por medio del cual se revocó la absurda destitución de Gustavo Petro proferida por el entonces Procurador, el innombrable Alejandro Ordóñez, es una imperdonable metida de pata. Esa medida sólo puede aplicarla un Juez Penal y la Procuraduría es un órgano de control que por lo mismo no pertenece a la Rama Judicial.

2.3. Atribuirle funciones penales y de policía a los funcionarios de la Procuraduría, como pretende la actual Jefe del Ministerio Público no obstante que existe el ente acusador con funciones de investigación y de policía judicial, es una clara muestra de su afán desmedido de poder que infortunadamente no tiene en el congreso los votos suficientes para su hundimiento.

3. No estoy de acuerdo con los bloqueos de las vías ni con los daños a los medios de transporte y sus instalaciones ni con el uso de la violencia, sea de parte de los manifestantes o de la Policía, ni con la inmovilización y destrucción de las ambulancias ni con los vándalos ni con las desapariciones ni con las frecuentes detenciones arbitrarias. Estoy completamente de acuerdo con las marchas y manifestaciones pacíficas porque el uso de los otros mecanismos, abiertamente ilegales, dejan en la calle a los pobres, sin tratamiento médico oportuno a los enfermos, sin empleo a los más necesitados, sin trabajo a los pequeños comerciantes, tristes y desvalidos a los familiares de los muertos y de los capturados, dejan, en fin,  miseria y desolación quién sabe por cuánto tiempo pues la dilación del sub presidente, que nadie entiende por qué no ha renunciado, está conduciendo a los manifestantes al desánimo y la división sin que se hayan logrado los justos objetivos pues el apoyo de la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos parece diluirse en la palabrería y los protocolos.

Tocará volver a utilizar la inteligencia para que sin bloqueos los camioneros y las tractomulas no vuelvan a surtir de medicamentos, de comida y de combustible a las capitales de los departamentos, con lo cual no habrá necesidad del uso de las armas ni de la destrucción ni de las detenciones arbitrarias ni de las desapariciones y la Policía podrá dedicarse a la protección de los manifestantes y el títere tendrá que conceder lo que se solicita o renunciar para que la Vicepresidenta lo haga. Mientras tanto el titiritero mayor tendrá que refugiarse en El Ubérrimo a esperar  que el prevaricador Gabriel Jaimes cumpla la orden del inepto y desvergonzado Francisco Barbosa, Fiscal General, y logre que la Juez de Conocimiento precluya es decir archive el proceso penal.

4.No estoy de acuerdo con la militarización de las marchas no solo porque ese decreto 575 de 2021 es violatorio de la Constitución Nacional sino porque es innecesario en el escenario propuesto. Lo que tienen que hacer los gobernadores y alcaldes es aplicar la excepción de inconstitucionalidad y desobedecer la norma. Así lo propone el doctor Gustavo Gallón, Director de la Comisión Colombiana de Juristas.

5. No estoy de acuerdo con el control jurisdiccional automático del Consejo de Estado en el caso de tutelas contra el gobierno central porque esa discriminación viola el derecho a la igualdad y porque el sub presidente no puede por decreto usurpar funciones del congreso de  la república.

6. No estoy de acuerdo con la inicial posición del gobierno de oponerse a las 16 curules para las víctimas del conflicto armado consagradas en el Acuerdo de Paz y ratificadas por la Honorable Corte Constitucional, tan absurda que ayer no más le pidió a la misma entidad que no hiciera caso de esa barbaridad.