En menos de una semana se posesionarán los nuevos alcaldes y gobernadores del país. Es un hecho de trascendental importancia, dado que en cada municipio y departamento, existe la esperanza de que los nuevos gobiernos puedan contribuir a solucionar muchos de sus problemas sociales, económicos, ambientales y de infraestructura.
Colombia tiene 1.123 municipios. De estos 965 pertenecen a la categoría sexta, o sea, el 87.6% del total del país, donde sus ingresos corrientes anuales de libre destinación son inferiores a 15.000 salarios mínimos legales mensuales, lo que muestra que no tienen la capacidad de financiar y desarrollar, autónomamente, proyectos de inversión, y que sus niveles de dependencia de las finanzas nacionales y departamentales es superior al 90%.
Hay 40 municipios de quinta categoría con ingresos corrientes de libre destinación inferiores a 25.000 salarios mínimos legales vigentes. En contraste, hay 5 municipios de categoría especial, las que se conocen como las grandes ciudades y 27 de primera categoría.
Los llamados grandes municipios tienen ingresos corrientes de libre destinación por encima de los 100,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, con los cuales poseen la capacidad de gestionar la solución de varios de sus principales problemas. Aunque todos ellos requieren del apoyo de las transferencias nacionales, para poder financiar completamente sus programas sociales y la inversión en infraestructura, especialmente de servicios públicos básicos.
Lo primero que queda al descubierto es que los denominados «municipios básicos» sufren un subdesarrollo casi absoluto. Tienen infraestructuras totalmente deficientes, el acceso a los servicios sociales es precario y los niveles de pobreza, en general, son bastante altos, tanto por ingresos como por carencias multidimensionales.
Lo segundo, es que el manejo centralista de las finanzas pone en condición de inferioridad a los gobiernos locales y territoriales, por más importantes que estos sean, lo cual implica la necesidad constante de negociación política, para que los proyectos sean incluidos no solo en el plan nacional de desarrollo, sino en los presupuestos anuales de la administración central y que exista, además, la voluntad del Presidente y sus ministros de realizar esas inversiones.
La llegada de nuevos gobernantes implica la necesidad de buscar acercamientos con el gobierno nacional para asegurar los dineros necesarios que garanticen la ejecución de proyectos departamentales y municipales, muchos de los cuales han esperado varios años en ser concretados y que, de lograrlo, contribuirán a mejorar las condiciones de vida de los habitantes.
La expectativa está en si el gobierno nacional está dispuesto a sentarse a dialogar con gobernantes, que no son, ni de lejos, cercanos a sus intereses políticos o si subsiste la teoría centralista de que desde los ministerios ellos harán las ejecuciones de obras a nivel territorial.
Aspiramos que el año nuevo traiga consigo la paz política que tanto necesitamos y añoramos.
*Estos conceptos no comprometen a la RAP Eje Cafetero de la que soy subgerente de planeación regional