Por JORGE H. BOTERO
Los falsos positivos son una tragedia nacional. Para superarla sobran teas incendiarias y faltan antorchas que alumbren el camino
Escribe Sófocles en el siglo V a. C: “el largo e inconmensurable tiempo trae a la vida absolutamente todas las cosas ocultas”. Un cometido parecido es el que le fue asignando a la JEP en el Acuerdo Santos/Timochenko con relación a los crímenes cometidos durante el denominado conflicto armado. Lamentablemente, una vez divulgada la providencia que establece la priorización de las investigaciones que adelanta la JEP contra integrantes del estamento militar – que servirán de base para formular cargos en cuestión de meses- las voces que hemos escuchado son, como tantas veces ocurre, las más estridentes.
Desde un bando se descalifica a la JEP por haber sido impuesta por las Farc; al mismo tiempo –lo que suena contradictorio- se le pide que demuestre la ocurrencia de cada uno de los múltiples asesinatos cuya agregación le ha servido para un único objetivo: establecer la magnitud del problema, su distribución en el tiempo y en el territorio, y, por ende, para determinar las divisiones, brigadas y batallones en cuyas jurisdicciones ocurrieron los hechos. Desde la orilla opuesta se afirma, sin razones y, menos aún, pruebas, que los falsos positivos fueron una política deliberada de la administración Uribe para inflar los resultados en su lucha contra los grupos armados ilegales. Sobre esta base se ha pedido a Duque que de inmediato proceda a admitir la responsabilidad del Estado.
No es factible, para nadie que pretenda juzgar con algún grado de sindéresis, tener certeza sobre lo ocurrido, aunque seamos conscientes de su enorme gravedad. Es posible, sin embargo, señalar las falencias argumentativas de esas posiciones extremas.
Sin duda, las Farc lograron una negociación que puede calificarse, desde la óptica de sus intereses, como muy exitosa, pero de allí no se desprende que su contraparte en el bando estatal se haya plegado sin debate a sus aspiraciones; la dilatada duración de las negociaciones demuestra la existencia de amplias discrepancias. Además, el acuerdo fue renegociado en aspectos importantes, y sometido a complejos procesos de refrendación parlamentaria y validación judicial. No puede decirse que en esas instancias las Farc hubieren tenido el poder de amedrentar o corromper a políticos y magistrados.
Demoler o alterar la estructura de la JEP es, de otro lado, vana ilusión. En 2017 se insertó en la Constitución el principio de “prevalencia del Acuerdo Final”, del que se desprende que, si esa jurisdicción fuere derogada, el Tribunal Especial para la Paz seguirá en pleno vigor para quienes a ella se hayan sometido. Y en último término, pretender el esclarecimiento de cada uno de los crímenes implica desconocer el carácter transicional de la justicia especial, que lo es por varios motivos, entre ellos porque es selectiva -no exhaustiva-, lo cual de antemano supone grados altos de impunidad: solo responden los máximos responsables.
Si resultare cierto que el asesinato sistemático de jóvenes pertenecientes a los estratos más desvalidos de la población fue una estrategia encaminada a inflar los resultados de Uribe en su lucha contra la subversión, ingresaría por derecho propio a la cúspide de malhechores registrados en la historia universal de la infamia. Quienes con tanta ligereza se colocan en esa posición, deberían leer con cuidado la providencia reciente de la JEP y, en especial, la ilustración 1 (p.8). De allí se desprende que los falsos positivos se disparan en el año 2001 y caen igualmente con celeridad desde el 2008 hasta casi desaparecer. Por consiguiente, es verdad que, con los datos disponibles, que son provisionales, el 78% de las víctimas se registra durante los ocho años de Uribe; también lo es que el problema comenzó antes y que, al parecer, fue resuelto durante su mandato.
De otro lado, pretender que Duque reconozca ese fardo abrumador de crímenes cometidos por servidores públicos como si fueren generadores de responsabilidad estatal, cuando ni siquiera han culminado las investigaciones, formulado imputaciones, y, menos aún, proferido sentencias condenatorias, es, al menos, prematuro; sirve para un propósito político que, como es normal, se exacerba de cara a las elecciones del próximo año.
La providencia de la JEP, en la que se define el marco conceptual de la investigación que adelanta sobre los falsos positivos, demuestra que se procede con sólidas bases, honrando la virtud fundamental de los jueces que es la prudencia. Debemos dejar que ese canal judicial opere sin interferencias. Al mismo tiempo, hay que fortalecer los debates políticos al menos en dos dimensiones:
Uno, la incidencia que en la exacerbación del problema haya tenido la circular 029/15 del Ministerio Defensa cuyo propósito declarado consistió en “definir una política ministerial que desarrolle criterios claros y definidos (sic) para el pago de recompensas para la captura y abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley”. ¿Fue esta decisión del ministro de defensa una mera pantomima para encubrir una siniestra conjura criminal? ¿Se tuvieron en cuenta las cautelas necesarias para evitar que aquí ocurrieran horrendos delitos como los que cometieron las tropas de Estados Unidos en la guerra de Vietnam? ¿Es verdad que la circular perseguía regularizar el pago de recompensas que venía desde tiempo atrás?
Y dos, los efectos que en la solución del problema -sí, en efecto, se solucionó- tuvo la decisión del gobierno, instrumentada en el 2008, de retirar del servicio a 27 oficiales, entre ellos tres generales. ¿Qué razones hubo para esa drástica purga, que carece de antecedentes en la institución castrense? ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas para evitar que los falsos positivos volvieran a suceder? ¿Se siguen otorgando beneficios a integrantes de la Fuerza Pública sobre la base de resultados operacionales?