La transparencia en la gestión de los recursos públicos no es un simple ideal democrático, sino, un mandato constitucional ineludible. Nuestra Constitución Política define la publicidad como uno de los principios rectores de la función administrativa y la contratación estatal. Sin embargo, en el departamento de Risaralda, este principio ha sido sistemáticamente vulnerado por una «oscuridad» que sirve de escudo a la corrupción y que hoy tiene a las profesiones de la ingeniería y la arquitectura, entre otras, en una crisis de dignidad sin precedentes.
Una victoria jurídica reciente ha puesto en evidencia esta resistencia al control social. El Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, mediante sentencia de este 21 de julio de 2026, ratificó el fallo que ordena a la Empresa SERVICIUDAD cumplir con la obligación de publicar la totalidad de su actividad contractual en el portal SECOP II. Esta entidad, que maneja los servicios de agua, aseo y alcantarillado, en Dosquebradas, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado con capital 100% público, lo que la obliga, sin excusa alguna, a someterse al escrutinio y control ciudadano.
A pesar de que la Ley 2195, van ya cuatro años, estableció un mandato claro para que las entidades de régimen especial publiquen sus procesos desde el 18 de julio de 2022, SERVICIUDAD y otras, han mantenido sus contratos bajo el velo del derecho privado para evitar el control. Me asalta el temor de que, tras este revés judicial, la entidad recurra a «marrullerías» técnicas para burlar el mecanismo, haciendo la plataforma ineficiente o publicando información incompleta para cansar a los proponentes y veedores. Esta táctica de agotamiento busca que la «dedocracia» siga imperando, alejando a las firmas de ingeniería honestas que hoy ven cerradas las puertas de la libre concurrencia.
La oscuridad no solo afecta la transparencia económica, sino que degrada la calidad técnica en el diseño y construcción de las obras. Un ejemplo de funesta gestión deficiente se observa en la alcaldía de ese mismo municipio, donde mediante contrato No 040-2018, celebrado con el Arquitecto Mauricio Castro Soriano, se contrataron directamente los estudios de la canalización en el sector de Montebonito, actividades propias de la ingeniería, terminó en estudio y ejecución plagada de falencias técnicas. Estas obras, financiadas con recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por cerca de 25.000 millones de pesos, hoy son objeto de investigaciones por parte de la Contraloría y la Fiscalía, debido a que fueron entregadas sin culminar y con graves fallas estructurales.
Lo más alarmante es la deslealtad profesional que se ha normalizado bajo esta falta de publicidad. La crisis de las profesiones de ingeniería es evidente cuando labores de alta complejidad técnica son asignadas a profesionales de otras carreras, sin la idoneidad legal que exige la Ley 842. Otros casos, como el contrato celebrado por la gobernación de Risaralda No.02-2026, contratado a dedo por $2.478 millones, donde se adjudicó al mismo arquitecto Castro Soriano la interventoría para los estudios, diseños y construcción de obras de estabilización de puntos críticos en la red vial del departamento, demuestran cómo se asumen responsabilidades de diseños estructurales y geotécnicas sin el debido rigor. Esta situación se repite en interventoría de vías urbanas en Mistrato, interventoría de 3.2 Kms vías terciarias mediante placa huellas en Balboa, diseño estructural de cubiertas metálicas en varios municipios, etc.; labores que, por ley, corresponden exclusivamente a ingenieros civiles especializados, se le asignan a este mismo profesional.
Esta «escabrosa corrupción» se alimenta del silencio cómplice de los organismos de control y de la cobardía de gremios profesionales, que conduce a la lenta desaparición de importantes firmas locales de ingeniería de consulta y construcción. Mientras Contraloría, Personería y Procuraduría miran hacia otro lado, el derecho de ingenieros y arquitectos a ejercer sus profesiones dignamente es cercenado por amarres contractuales definidos a puerta cerrada.
La sentencia contra SERVICIUDAD es un llamado a la resistencia civil y profesional. Los ciudadanos y profesionales deben apropiarse del SECOP II para vigilar que no se sigan «regalando» estudios técnicos y obras a quienes no tienen la competencia legal para ejecutarlos. Derrotar la oscuridad es el primer paso para recuperar el respeto por lo público y devolverle la decencia a la contratación, hoy en poder de mafias. Ya no hay lugar para el secreto; la ley exige luz sobre cada contrato. Abolir la OSCURIDAD.
