TORRE DE PAPEL
En Colombia movilizarse dejó de ser un derecho y se convirtió en un privilegio tarifado por monopolios privados que, durante décadas, capturaron al Estado para convertir las carreteras nacionales en cajas registradoras eternas.
Los peajes ya no son mecanismos temporales para construir vías. Son un sistema de extracción económica permanente contra millones de ciudadanos obligados a pagar para trabajar, estudiar, transportar alimentos o simplemente visitar a sus familias.
Lo más indignante es que este atraco fue legalizado desde el poder político.
Gobiernos neoliberales, especialmente los alineados con el uribismo, estructuraron contratos blindados para favorecer concesionarios privados con cláusulas leoninas que hoy prácticamente impiden desmontar esos negocios sin condenar al Estado a pagar billonarias indemnizaciones.
Dejaron todo amarrado jurídicamente. Diseñaron un sistema donde el ciudadano siempre pierde y los monopolios siempre ganan.
Mientras el pueblo paga, unos pocos se enriquecen obscenamente.
En el Eje Cafetero el caso resulta escandaloso. Siete peajes controlados por Autopistas del Café exprimen diariamente a miles de personas que no tienen rutas alternas reales. Eso no es libre movilidad. Eso es secuestro económico tácito.
Y lo peor: las vías ni siquiera corresponden al dinero que se recauda. Carreteras estrechas, obras incumplidas, trayectos inseguros y tramos antitécnicos siguen siendo la realidad mientras las tarifas suben descaradamente cada año.
Colombia tiene hoy cerca de 180 peajes activos, una de las redes más densas de América Latina.
En rutas como Bogotá–Armenia–Pereira–Manizales existen hasta nueve peajes en apenas 340 kilómetros.
Eso significa cobros prácticamente cada 35 o 40 kilómetros, algo absurdo incluso para estándares internacionales.
Y aquí aparece la gran mentira de los defensores del modelo.
Nos dicen que en otros países también existen peajes. Sí, existen. Pero allá las autopistas corresponden a estándares técnicos modernos, amplias dobles calzadas, conexiones rápidas y opciones alternas gratuitas.
En Estados Unidos gran parte de las autopistas son libres de peaje o tienen corredores alternativos.
En Brasil, un país nueve veces más grande que Colombia, muchos ciudadanos consideran inexplicable que Colombia tenga más estaciones de cobro proporcionalmente y peajes tan costosos para vías inferiores.
Aquí, en cambio, pareciera que el objetivo no fuera construir país sino garantizar rentas eternas para quienes financiaron campañas políticas y luego cobraron favores desde las concesiones.
Ese es el verdadero fondo del problema.
Los peajes terminaron convertidos en un gigantesco negocio político-empresarial donde los mismos grupos económicos controlan concesiones, medios de comunicación y poder regional.
Por eso casi nadie denuncia. Por eso casi nadie investiga. Por eso durante años la ciudadanía fue silenciada mientras le vaciaban el bolsillo en cada caseta.
Y cuando el presidente Gustavo Petro propone revisar anticipadamente concesiones abusivas o frenar incrementos desbordados, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia aparece inmediatamente como vocera de los concesionarios y pone el grito en el cielo.
Jamás levantaron la voz por el conductor humilde, el campesino, el pequeño comerciante o el transportador quebrado por los costos.
Ahí sí hablan de “seguridad jurídica”.
Pero nunca hablaron de seguridad económica para el ciudadano.
Nunca les preocupó que millones de colombianos deban pagar peajes exagerados para sobrevivir.
Nunca cuestionaron aumentos consecutivos mientras los salarios apenas crecen.
Nunca reclamaron auditorías independientes sobre contratos llenos de privilegios privados.
Y resulta curioso que cuando se trata de proteger monopolios aparecen todas las barreras jurídicas posibles. Ahí sí surgen amenazas de demandas, cláusulas blindadas y tribunales dispuestos a defender contratos privados por encima del interés colectivo.
Ahí sí pareciera no existir ni Corte Constitucional ni Consejo de Estado defendiendo con la misma contundencia los derechos económicos del Estado y de los ciudadanos.
Es el mismo modelo que muchos colombianos cuestionan en otros sectores: privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.
Exactamente igual a lo ocurrido con los fondos pensionales y otros negocios estructurados para beneficiar conglomerados económicos mientras el pueblo carga el peso.
Los peajes en Colombia dejaron de ser herramientas de infraestructura. Hoy representan un símbolo del país desigual construido para unos pocos. Un país donde trabajar cuesta, producir cuesta y moverse cuesta, porque todo fue diseñado para alimentar monopolios.
El Gobierno del Cambio tiene razón al abrir esta discusión nacional. Porque ningún país puede hablar de desarrollo mientras tenga ciudadanos atrapados en carreteras privatizadas, pagando eternamente obras ya amortizadas o proyectos que jamás se terminaron.
La paciencia del pueblo también tiene límites.
Y cada peaje levantado sobre vías deficientes no representa progreso: representa la prueba visible de cómo el Estado fue entregado, durante años, al servicio de intereses privados.
Muchos colombianos ya no ven los peajes como contribuciones.
Los ven como lo que realmente parecen:
un atraco permanente y un secuestro legalizado contra toda una nación.
