Por Óscar Gil, Ogil *
Decisiones, controversias y señales…
A treinta días de su posesión presidencial, las decisiones y declaraciones de Abelardo de la Espriella han dejado definido el estilo de su mandato y suscitado intensos debates jurídicos, políticos y sociales.
Este es un recuento de algunos de los hechos más relevantes que han marcado el inicio de su administración:
Su decisión de posesionarse en Cali y no en Bogotá, sede tradicional de la transmisión de mando presidencial, fue un capricho sin ninguna justificación, con un alto costo logístico y económico, en contradicción con su promesa de campaña de un gobierno austero.
El anuncio de retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional CPI y de la Organización de Estados Americanos OEA solo se puede entender como una forma de eludir el control y el seguimiento que estas instancias puedan ejercer sobre su gobierno.
Con su solicitud a los Estados Unidos de cooperación militar para combatir las organizaciones criminales se pasa por alto la Constitución Política (el artículo 173, numeral 4),que establece que solo al Senado le corresponde autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional.
La advertencia, en el acto de posesión: “Lo que se pueda explotar, lo vamos a explotar”, es muy preocupante por el uso del fracking y los posibles impactos ambientales desastrosos en zonas protegidas, como los páramos que son fuentes hídricas que abastecen de agua a millones de personas.
Muchas de sus declaraciones evidencian un odio visceral, como: “¡Voy a destripar la izquierda!”, y “¡Se van, no los quiero!” –refiriéndose a los migrantes venezolanos–, lo que deja mucho que desear del mandatario ya que constituyen una fuerte amenaza contra quienes piensan distinto.
En su discurso del 7 de agosto afirmó: “Me van a asesorar en materia económica y de gobernabilidad los presidentes Milei, de Argentina; Bukele, de El Salvador; y Novoa, de Ecuador”, lo que implica la permisibilidad de que otros gobiernos se inmiscuyan en los asuntos del país, vulnerando nuestra soberanía; pero, asimismo, el riesgo inminente de trasladar el desastre económico y el atentado a los derechos humanos que ya viven esos gobiernos.
La expresión: “Incluiré a Colombia en el Escudo de las Américas”, claramente no es solo la ratificación de una alianza intergubernamental para la seguridad sino el ingreso a un bloque geopolítico-estratégico a favor del poder hegemónico de los Estados Unidos.
Sus mensajes a los grupos insurgentes: “¡Que esos bandidos no se metan conmigo porque yo mismo los busco donde estén y les doy de baja!” y “¡Van a ver lo duro que muerde el tigre!”, nos anuncian la falta de respeto que tiene por las leyes pese a ser abogado, y su fanfarronería que no se compadece con su posición de gobernante, por la que debería estar haciendo énfasis en la captura, judicialización y sometimiento a la justicia de los responsables de delitos.
La promesa de construir diez mega-cárceles, inspiradas en el CECOT salvadoreño, en sitios alejados “En los que no entre ni la señal de la Santa Cruz”, aparte de la eventual habilitación de buques-cárcel, es el anuncio de que se avecina una gran violación de los derechos humanos, como ya sucede en El Salvador.
Con respecto a su manejo de la emergencia por el terremoto del 10 de agosto, si bien visitó las zonas afectadas y prometió el respaldo estatal, las ayudas no llegaron a tiempo. Esto debido a varios desaciertos: el desconocimiento de su equipo recién nombrado que no hizo empalme con el anterior –según declaraciones del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres–; y la demora en autorizar ayudas internacionales por criterios políticos, permitiendo sí el ingreso de 32 israelíes para labores de rescate, mientras se retrasaba la cooperación proveniente de países como China, México y Cuba. Asimismo, con su afirmación de que “El terremoto fue una prueba que Dios me dio”, su actitud de “vedette” sonriendo y tirando besos en el momento en que se dirigía al país para hablar de la tragedia, y la entrega de balones con su marca personal, evidenció su actitud egocéntrica y muy poco empática con las víctimas, así como el uso del siniestro como escenario de propaganda política.
De otra parte, el nombramiento de varios ministros con señalamientos en su contra y una clara vinculación con “los políticos de siempre”, va en contravía de su promesa de combatir la corrupción y gobernar con “los de nunca”. Veamos:
—El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero, está vinculado al delito de estructurar y dar concepto favorable para que Juan José Lafaurie Cabal –hijo del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, y de la senadora,
María Fernanda Cabal–, accediera a un crédito de $400 millones y a un incentivo de Capitalización Rural de $95.2 millones reservado para pequeños productores. Dangond se prestó para este acto delictivo desde su firma Open Loans OPL S.A.S. Además pesa sobre él una investigación para que le explique a la Agencia Nacional de Tierras ANT su relación con fincas incautadas a paramilitares.
—El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, es hermano de Enrique Gómez Martínez, senador de la coalición de gobierno que deberá aprobar los presupuestos y las reformas tributarias que presente su hermano, y tío de Nicolás Gómez Arenas, hijo de Enrique, jefe de gabinete. Triple lazo familiar en puestos clave, que ya genera cuestionamientos por conflicto de intereses.
—La ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga Gaviria, es ex presidente de ACEMI, gremio que reúne once (11) EPS del régimen contributivo, algunas de las cuales fueron sancionadas o intervenidas por la Supersalud. ¡El ratón cuidando el queso!
—La ministra de Deporte, Juliana Gutiérrez Zuluaga, es hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
—La ministra de Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, pertenece al partido Creemos de Federico Gutiérrez.
—El ministro de Ambiente y desarrollo sostenible, Fabio Alberto Arjona Hincapié, asegura folclóricamente que el páramo de Santurbán se puede entregar a Aris Mining (multinacional canadiense) para minería por debajo de las bocatomas.
—La ministra de Cultura, Paola Andrea Holguín Moreno, tiene como principal logro en cultura haber liderado la declaratoria del “carriel antioqueño” como Patrimonio Cultural de la Nación y sus únicas declaraciones sobre la tragedia del reciente siniestro se centran en la pérdida del patrimonio material (en especial las iglesias), dejando de lado la vulnerabilidad en la que ha quedado todo el ecosistema cultural.
—La ministra de Educación, Viviane Aleyda Morales Hoyos, quien ya anunció su renuncia, se reconoce por su proselitismo religioso y falta de respeto a la libertad de cultos. Y su ya nombrada sucesora, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, es reconocida como aún más dogmática en su pensamiento religioso que Morales y que el «Inquisidor» Alejandro Ordóñez Maldonado, a quien acompañó como procuradora delegada para la Familia en su cruzada moral cuando fue procurador general.
—El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán Martínez, a pocas horas de la reciente tragedia, y siendo su primer día de trabajo, se fue de vacaciones a la playa, mientras centenares de miles de personas se quedaban sin hogar, lo que le valió la petición del Senado de su renuncia o destitución, que tuvo como única respuesta del presidente su ratificación en el cargo.
A todo esto se suma la promoción del libro La Verdad, cuya autoría el mandatario se atribuyó públicamente, pese a haber sido elaborado con apoyo de inteligencia artificial; texto que ha recibido críticas por inconsistencias, errores, contradicciones y un marcado sesgo ideológico. Además, no existen pruebas suficientes que sustenten su contenido.
Y… la tapa del congolo: Cuando muchos creían haberlo escuchado todo, el presidente justifica –con absoluta solemnidad– su visión de la vida: “Para qué dormir en vida si cuando uno se muere, como dijo el gran filósofo Diomedes Díaz, dura mucho tiempo muerto”. En definitiva, más que una anécdota, el episodio refleja el estilo de este gobierno, en el que la desfachatez y la improvisación terminan anulando el rigor conceptual.
Un mes es insuficiente para juzgar un gobierno, pero no para identificar su rumbo. Las decisiones adoptadas, las prioridades escogidas y el tono empleado desde la Presidencia permiten entrever el modelo de país que se intenta construir. Corresponderá a las instituciones, a la prensa y a la ciudadanía ejercer el control democrático necesario para que al menos el debate político se mantenga.
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* Periodista y corrector de estilo.
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