Por CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE FERRO
Sin temor a equívocos podemos afirmar que los pereiranos no perciben la dimensión de las pérdidas económicas y sociales en que ha incurrido la ciudad debido a la privatización y venta del patrimonio público. La ciudadanía no ha querido hacer un análisis sobre los graves daños causados a nuestros derechos y corrupción desde 1996 cuando se inició la ola de privatizaciones de nuestras principales empresas y bienes, ¿oídos sordos, ignorancia o displicencia? El traspaso de la totalidad del capital accionario de la empresa de Telecomunicaciones, del 49% de Energía y la concesión a 30 años de Aseo. No solamente se han dilapidado los recursos obtenidos, se perdió el control sobre inversiones, generación de empleo local y freno a los abusos en tarifas y prestación del servicio.
En el año 2014 un reducido grupo de ciudadanos nos opusimos a la entrega a un operador privado mediante una Alianza Pública Privada APP del Aeropuerto Internacional Matecaña “AIM” para la construcción de un nuevo edificio destinado al terminal aéreo, sabíamos que era otro mal negocio para el municipio. No solamente la entrega por 20 años de este importante bien, sino que al final recogeremos un edificio obsoleto y durante el tiempo de la APP solo recibimos el 11.8% de participación de los ingresos, la más baja de las concesiones suscritas en el país.
En las concesiones de aseo y aeropuerto, los ingresos obtenidos por participación se están destinando en sostener oficinas altamente costosas, sin que presten el servicio y generar la misma corruptela e ineficiencia en el manejo de las empresas que se esgrimió como justificación para estas pésimas decisiones. No hay un manejo serio de los recursos recibidos y la creación de un fondo donde se ahorren parte de los mismos y se destinen a inversiones que permitan corregir la grave crisis social en que viven un gran número de nuestros paisanos.
Como no hay planeación y la consigna es gastar, al AIM la pandemia lo pilló con los calzones abajo, pues para enfrentar el Covid-19 el gobierno nacional declaró la emergencia sanitaria y suspendió las operaciones aéreas, por lo que durante el tiempo que duró esta, la entidad no recibió ingresos de participación, tomando la decisión de decretar la urgencia manifiesta, previendo en el mismo acto que mientras durara esta cesación y para garantizar la financiación de su funcionamiento se tomarían recursos disponibles del Patrimonio Autónomo de los excedentes APP. Decisión ilegal, pues este acto administrativo no puede modificar unilateralmente lo acordado en el Contrato de Concesión respecto a la destinación de los recursos económicos asignados a esta Subcuenta, que son de ordenamiento exclusivo del AIM, pero no de libre destinación.
Los recursos proporcionados a una concesión de infraestructura no pueden ser modificados en su destinación sino mediante un otrosí al contrato, toda vez que la remuneración del Concesionario al AIM está determinada por la oferta y el mínimo establecido en la licitación y las destinaciones específicas de su uso por parte del Concedente. El AIM aún no ha justificado que los $1.348 millones retirados de la Subcuenta hayan sido destinados para las actividades previstas por el contrato de concesión, y para las condiciones y eventos que el contrato de concesión prevé en el uso de esos recursos, pues este no determina que estos puedan ser utilizados para la atención de costos diferentes a los indicados en las cláusulas 47, 50, 78, 81, y 101 del contrato suscrito.
Solo esperamos que los organismos de control actúen a tiempo. Las actuaciones del gerente del AIM son violatorias del contrato de concesión. Nuevamente toma validez una de las consignas de nuestras marchas, privatizando, privatizando nuestro patrimonio público se lo están robando.
De acuerdo con Carlos Alfredo, han saqueado A Pereira y fuera de eso posan de cívicos