Por VICENTE ZULUAGA OSORIO.
La situación del país es tan grave y tan peligrosa que la ONU, el Parlamento Europeo, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la organización Human Rights Watch, The Guardian, The New York Times, el Papa y la Conferencia Episcopal y muchos otros entes interesados en la suerte de nuestro país, han protestado por la creciente ola de violencia que soldados y policías han desatado contra los vándalos infiltrados en las pacíficas manifestaciones de protesta de nuestros compatriotas contra el desgobierno que nos aporrea con su ignorancia, su ineptitud y su prepotencia.
La Jep acaba de implorarle a un organismo internacional que interceda para que las Fuerzas Armadas garanticen el legítimo derecho a la protesta; en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se ha propuesto a Joe Biden que reduzca la ayuda militar a Colombia.
No sólo han sido asesinadas 46 personas y 800 han sido heridas, varios medios de transporte (megabuses, carrotanques), puestos de Policía, han sido destruidos; centros comerciales han sido atacados.
No existe gasolina en las bombas para el abastecimiento de los medios de transporte, nuestros compatriotas más pobres tienen que caminar muchos kilómetros para llegar a sus casas, a veces en medio de las lluvias; muchos productos de la canasta familiar, como los huevos, la leche, las verduras y hasta algunos medicamentos han escaseado.
Y como si fuera poco el invierno y las inundaciones se llevan las viviendas de los pobres, que son quienes habitan esos sectores.
El miedo a todas horas y en todas partes se ha apoderado de la población por el temor de un atentado contra la vida o de un bloqueo que ponga en mora la llegada a casa
Los vándalos, infiltrados en las pacíficas manifestaciones, no saben que sus compatriotas necesitan que no les bloqueen las vías para poder llegar a sus casas?
Para atender tan delicada situación, después de retirar la reforma tributaria y de aceptar la renuncia del pésimo ministro de hacienda Alberto Carrasquilla, el sub presidente por fin tuvo un momento de lucidez y decidió convocar a los dirigentes del Paro a un diálogo para lograr acuerdos sobre las causas de la creciente inconformidad de los colombianos, convocatoria que fue aceptada como clara demostración de buena voluntad para buscar la tranquilidad, la fe en las instituciones y la esperanza de construir un nuevo país, solo que se exigió al gobierno, como demostración de buena fe, que retire el Esmad y el Ejército de las marchas, algo así como una tregua, al final de la cual estaremos en estado de conmoción interior porque el sub presidente no alcanzará a entender las justas peticiones de los manifestantes y la inmensa responsabilidad que tiene en la conducción del Estado.
Como prueba de ese temor está el aplazamiento del inicio de las conversaciones con los líderes del Paro hasta el 11 de mayo, como si no fuera urgente levantar ya las protestas y para disimular su ineptitud y su prepotencia se dedicó a conversar con los alcaldes y gobernadores, candidatos presidenciales y estudiantes que han participado en las manifestaciones.
Para no acceder a las claras y justas reclamaciones de nuestros compatriotas acudirá al artículo 213 de la Constitución Nacional que reglamenta lo que antes de 1991 se llamaba estado de sitio, el cual exige para su declaratoria una grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía.
Y aunque el sub presidente tiene limitaciones para el ejercicio del poder, a pesar de las amplias facultades, dada su ignorancia y su ineptitud el país no podrá esperar que en sus manos esté la solución de la crisis.
Menos mal que tendrá que contar con el respaldo, con sus firmas, de todo el gabinete ministerial, que no podrá referirse el decreto de conmoción interior a materias distintas del orden público, que no podrá suspender los derechos humanos ni las libertades fundamentales ni atentar contra el derecho internacional humanitario, ni podrá interferir en el funcionamiento de las demás ramas y órganos del poder público.
Confiemos en que Dios no nos va a dejar solos y que del diálogo entre el gobierno y los dirigentes del Paro va a salir lo mejor para el país.