Colombia parece condenada a sorprenderse cada día con un nuevo episodio relacionado con el manejo de los dineros públicos. La corrupción no nació ayer ni pertenece en exclusiva a un gobierno o partido; precisamente por haberse convertido en una enfermedad recurrente del Estado resulta más grave comprobar que, administración tras administración, cambian los protagonistas, pero sobreviven prácticas de contratación cuestionable, burocracia innecesaria, despilfarro y utilización del presupuesto como si los recursos colectivos no tuvieran dueño.
Durante el mandato anterior estalló, entre otros, el escándalo de la UNGRD, cuyas investigaciones continúan produciendo actos judiciales. Ahora el Gobierno que comienza ha ordenado auditorías forenses en las entidades nacionales para revisar informes y actas de gestión e identificar faltantes, riesgos y posibles irregularidades como el caso Ecopetrol. Será la justicia la encargada de establecer responsabilidades individuales; una auditoría o una denuncia no equivalen a una condena, pero sí a establecer faltantes y extraños contratos para proceder de conformidad.
Así, el asunto conduce a una pregunta más profunda: ¿cómo puede un Estado rodeado de organismos de vigilancia descubrir tantas irregularidades cuando los recaudos ya salieron de las arcas oficiales? La respuesta no puede reducirse a decir que falta control previo. La Constitución y las reformas posteriores dotaron a la Contraloría de intervención fiscal concomitante y preventivo, concebido para seguir en tiempo real ciclos de contratación, ejecución y utilización de monetizables y advertir riesgos de daño patrimonial. Si existen herramientas, sistemas de información y funcionarios, el debate debe trasladarse entonces a su eficacia, oportunidad e independencia.
A la Contraloría General se agregan las criticadas e innecesarias contralorías territoriales. Y existe, además, la Auditoría General de la República, encargada de vigilar la gestión de la propia Contraloría General y de las locales. Estudios publicados por la misma Auditoría han señalado dificultades de gestión en organismos territoriales y la necesidad de medir riesgos de corrupción en la contratación pertinente. Es decir, hasta el sistema que controla a quienes controlan reconoce difusas y confusas actuaciones.
A ello se suma la discusión sobre la independencia de los órganos de control. Sus máximos responsables llegan al cargo mediante mecanismos en los que intervienen corporaciones y autoridades políticas. Ese diseño es constitucional, pero alimenta el debate sobre autonomía, mérito y conflictos de interés. Fortalecer los controles exige no solo normas sino transparencia en la selección de quienes vigilan.
La Procuraduría tiene deberes preventivos, de intervención y disciplinarios y debe vigilar la conducta de funcionarios. En lo judicial, la Fiscalía es puesta también en dubitación por la opinión. La Defensoría del Pueblo y las personerías integran también el Ministerio Público, aunque sus competencias son diferentes: la primera está orientada en promover y proteger los derechos humanos, pero sin diente alguno, y las segundas cumplen labores repetidas en el ámbito municipal, llenas de burocracia. No se trata de confundir ni de pedirle a cada organismo aquello para lo cual no fue creado. Se trata de preguntar si semejante arquitectura institucional está entregando al ciudadano resultados proporcionales a su costo. Mientras aparecen nuevos hechos, el país enfrenta restricciones fiscales y cada peso perdido por corrupción o ineficiencia es un peso que deja de llegar a seguridad, salud, educación, infraestructura o reconstrucción. El problema no es solo penal, también es económico, institucional y moral.
La democracia tampoco puede acostumbrarse a que cada elección prometa inaugurar la moral pública desde cero. Los gobiernos pasan; los controles deben permanecer. Y cuando fallan simultáneamente la prevención, la vigilancia y la sanción oportuna, queda una ciudadanía que paga impuestos, observa el espectáculo y formula una pregunta tan antigua como vigente: ¿quién cuida realmente lo que es de todos?
Ante los hallazgos que hoy apenas empiezan a conocerse, quizá vuelva a cobrar sentido aquella expresión irónica atribuida al presidente Carlos E. Restrepo: “Vivir para ver”.
