Por JAMES FONSECA MORALES (Vigía Cívica)
En la remisión de las recomendaciones técnicas que hizo la Alianza “Ciudadanía Activa con los ojos puestos en los recursos COVID-19”, a los gobernantes territoriales y a los titulares de las entidades de control del estado, para mejorar la vigilancia de los recursos que se están invirtiendo en el manejo de la pandemia; aparecen los siguientes conceptos que ponen en relieve la necesidad apremiante de alejar la corrupción de los recursos para controlar la pandemia.
“La emergencia generada por el COVID-19 supone un reto sin precedentes tanto para las instituciones como para la sociedad colombiana. Aunque todavía no son claras todas las repercusiones sociales de esta pandemia, es evidente que entre sus efectos nocivos estará el desempleo, el incremento de las inequidades en acceso a salud y la profundización de la pobreza. Es claro que esta situación llevaría a una reducción significativa de los ingresos, tanto del Gobierno Nacional como de los gobiernos territoriales, en un contexto en el que se requiere mayor inversión pública para la atención de la emergencia.
Frente a esto, se vuelve un imperativo maximizar los resultados de la inversión estatal. Si bien los gastos necesarios para atender la crisis se deben realizar a la menor brevedad, también se deben priorizar las medidas que permitan aumentar la eficiencia y efectividad del gasto, al tiempo que se fortalece la transparencia y la rendición de cuentas.”
La Alianza está conformada por Cordupaz, Corporación Cívica de Caldas, Corporación VIGÍA Cívica – Pereira, Corporación Región, Foro Costa Atlántica, “FUNCICAR”-Cartagena, Comité Transparencia por Santander, Alianza por una Cali más Transparente y Participativa y Transparencia por Colombia, el capítulo colombiano de Transparency Internacional; todas organizaciones de la sociedad civil colombiana.
Desde el comienzo de la emergencia, estas entidades han identificado y analizado poco más de 19.800 contratos celebrados para el control de la pandemia y la atención de las comunidades vulnerables. De ese ejercicio han salido quejas que investigan los organismos de control, pero también se han encontrado dificultades con la información de la contratación, que los ordenadores del gasto público deben poner a disposición de la ciudadanía.
En muchos de esos casos es evidente la falta de cuidado o de oportunidad con los que las entidades estales publican los datos que les ordena la Ley. Pero en otros es manifiesta la mala fe en prácticas como alterar la ortografía de los nombres o la identificación de los contratistas, o dejando adrede cifras mal escritas, entre muchas tretas para encubrir actos corruptos.
Esperamos que los destinatarios valoren esta colaboración de la sociedad civil fruto de nuestro trabajo conjunto y pongan en ejecución las sugerencias hechas, para proteger los, ahora, muy escasos recursos del Estado.