Jaime Cortés Díaz
El país se encuentra frente a una piscina sin agua, mientras sus gobernantes se preparan para lanzarse desde el trampolín en una prueba de clavados que incluye un salto medio y triple mortal. La dificultad no consiste solo en ejecutar la maniobra, sino en sobrevivir al impacto. Esa parece ser la dimensión del desafío que representa la denominada Ley de Rescate Fiscal, presentada por el Gobierno al Congreso.
El presidente Abelardo de la Espriella enfrenta su primera gran contradicción política, valga decir, prometió no aumentar impuestos y reducir el tamaño del Estado en un 40%, pero ahora propone elevar gravámenes, ampliar bases tributarias y adoptar un adelgazamiento burocrático considerablemente inferior al anunciado. Las promesas electorales chocan contra la realidad de una tesorería exhausta.
La explicación oficial apunta al descomunal desorden fiscal heredado de la administración de Gustavo Petro, cuya expansión del gasto, endeudamiento y compromisos presupuestales dejaron una pesada hipoteca sobre las generaciones venideras. Sin embargo, corresponde preguntar cuánto de semejante descalabro era desconocido y cuánto podía anticiparse mediante el examen responsable de las cuentas públicas.
La ausencia del presidente electo o sus delegados en las sesiones de empalme constituye un episodio desafortunado. Aunque pudieron existir cifras ocultas, inconsistencias y obligaciones insuficientemente reveladas, renunciar a ese instrumento institucional debilitó la posibilidad de conocer con oportunidad la verdadera profundidad del problema. Gobernar también exige investigar aquello que otros prefieren esconder.
El proyecto combina recortes del gasto con mayores ingresos tributarios. Entre sus disposiciones aparecen modificaciones al IVA, al impuesto de renta y a las contribuciones, mientras contempla mecanismos de devolución para sectores vulnerables y estímulos empresariales. Son decisiones que requieren examinar cuidadosamente sus consecuencias sobre el consumo, la inversión, el empleo, la salud y la inflación.
Pero la discusión trasciende las tarifas impositivas. El Estado necesita una cirugía estructural que suprima duplicidades, privilegios burocráticos, contratación innecesaria y organismos cuya utilidad social no justifica su costo. Adelgazarlo no significa debilitar sus funciones esenciales, sino devolverle eficiencia, autoridad y capacidad de respuesta. Pero hay que recortar más para no tocar a los necesitados.
Resulta oportuno recordar el reciente foro de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, dedicado a una pregunta fundamental: ¿Es sostenible el Estado colombiano? Allí participaron reconocidos economistas como María Mercedes Cuéllar, Juan José Echavarría y Carlos Caballero Argáez, junto con Hugo Palacios Mejía y el rector Francisco José Lloreda.
El interrogante conduce a una reflexión histórica inquietante: durante sus 207 años de vida republicana, la Nación ha convivido con dificultades recurrentes para financiar la permanencia de su ensanchado aparato estatal. El endeudamiento ha servido demasiadas veces como aceite indispensable para mantener funcionando una maquinaria cuyo crecimiento supera sus posibilidades.
Caballero Argáez recogió posteriormente una advertencia atribuida al director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, quien había expresado que la situación fiscal colombiana no resulta sostenible ni viable. Su conclusión compromete a todos con la construcción de un Estado financieramente responsable en el mediano y largo plazo.
El rescate constituye, entonces, un imperativo que exige sacrificios compartidos, pero distribuidos con justicia. No sería admisible pedir nuevos esfuerzos al contribuyente mientras sobreviven los mismos despilfarros que alimentaron la crisis.
De la Espriella arriesga buena parte de su capital político. La oposición encontrará oportunidades para reorganizarse y explotar las contradicciones del Gobierno. Pero, la popularidad presidencial no puede prevalecer sobre la supervivencia financiera de la República.
El Congreso tiene ahora una responsabilidad histórica: corregir los excesos del proyecto sin desnaturalizar su propósito, porque el verdadero salto mortal no consiste en aprobar una reforma impopular, sino en no permitir que Colombia continúe cayendo hacia una insolvencia de consecuencias impredecibles.
Se dice con resignación, que la necesidad tiene, como el torero, cara de tragedia. ¡Qué le vamos a hacer!
