Por JAMES FONSECA MORALES
La imagen de una señora abrumada de dolor por la desaparición de su única fuente de sustento, cuando una turba enardecida destrozó y saqueó una burbuja que tenía dentro de un almacén de cadena en Pereira y allí perdió el surtido propio y lo que tenía en consignación. Y la voz quebrada de un pequeño empresario agrícola, contando cómo perdió $25 millones en cítricos que se pudrieron cuando un bloqueo los dejo confinados; nos lleva a considerar incongruente que nuestra ciudad sea una de las que, por el vandalismo y los bloqueos, derivados del paro nacional, sufrieron más daños a los bienes públicos y a las economías de particulares.
Incongruente porque nuestra comunidad, históricamente y hasta donde ha podido, ha tratado de paliar las necesidades de sus conciudadanos menos favorecidos. No en vano, desde cuando fue Cartago Viejo, aquí llegaron los perseguidos, los desposeídos y los discriminados, en busca de una nueva oportunidad, que generalmente consiguieron.
Mucho antes de que se hablara en Colombia de Responsabilidad Social Empresarial, las empresas locales tuvieron entre sus prioridades el bienestar de sus empleados. Abundan las historias de convites que juntaban trabajadores y empresarios para levantar la casa para uno de aquellos, o pavimentar una cuadra.
Después, la falta de oportunidades de los jóvenes fue parte de las preocupaciones colectivas de la ciudad y para mejorar sus escenarios la sociedad civil impulsó la fundación de la Universidad Tecnológica, la Universidad Libre, la Universidad Católica y recientemente la Fundación Universitaria COMFAMILIAR, que mantienen el propósito de mejorar el entorno social, educando a jóvenes de la región. Los resultados son evidentes en Pereira, en los demás municipios de Risaralda y en Chocó, Norte del Valle y Quindío.
Cuando el gobierno nacional apenas discutía el beneficio «Matricula 0» para los universitarios de estratos 1 y 2, nuestros gobiernos locales lo adoptaron, en la medida de sus capacidades. Conscientes de que hay carencias que obstaculizan el aprendizaje de esos estudiantes, calladamente y desde hace años, empresas y personas de la ciudad patrocinan, para algunos de ellos, becas, almuerzos y transporte.
Aunque estos beneficios no alcanzan para todos, considerando que los gobiernos territoriales deben atender más necesidades que las que pueden con sus ingresos, disminuidos por la corrupción y que los particulares, que contribuyen por solidaridad, no están obligados a dar, difícilmente habrá los auxilios suficientes.
Por ello no tiene explicación razonable que, con el pretexto de reclamar la solución de necesidades indiscutidas, se arruinen fuentes de sustento de conciudadanos que, de otra forma, también están luchando por su subsistencia y que unos y otros ignoren que la corrupción, fuente de la falta de justicia, de administración y del narcotráfico, es la causa primaria de lo que ahora sufrimos.