Por ALBERTO ZULUAGA TRUJILLO
El auto proferido por la Sala de Reconocimiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP), imputando a ocho de los miembros del antiguo Secretariado de las Farc, prueba que su existencia es fundamental para llegar a la verdad del conflicto, poniendo en entredicho el futuro político de “Los Comunes” como organización política, cuyo tardío cambio de nombre, al igual que el esclarecimiento de sus delitos, cobrará la vigencia de dicho grupo. Los violentos vejámenes cometidos durante más de 50 años, son estremecedoramente revelados en el escrito que sustenta la acusación del alto tribunal en el que, sin atenuantes, expone el sadismo y la sevicia con que una guerrilla cobarde y despiadada arremetió contra unas víctimas inermes. Se acusa a los jefes de las Farc, no solo por las decisiones que tomaron, sino por la responsabilidad de mando. En su crueldad, no ahorraron alianzas con quienes fuera, siendo todos los actores de la guerra sujetos de la justicia transicional: guerrilleros, paramilitares, altos mandos militares, políticos y empresarios, responsables de los más horrendos crímenes como masacres, descuartizamientos, torturas, falsos positivos, desapariciones, violaciones, desplazamientos, haciendo de la tierra colombiana una de las más violentas del mundo entero. El veredicto de la referencia debe poner fin a todos los ataques que contra esta jurisdicción se han hecho, señalándola de ser un claro olimpo de impunidad. Sus enemigos, con Uribe a la cabeza, lamentaron que la JEP llamara retención y no secuestro la privación de la libertad en dicho auto, lo cual puede ser excusable en personas ajenas a estas materias pero imperdonable tratándose de un expresidente que, siendo profesional del derecho, debe saber y si lo sabe lo oculta, el que la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad con que fueron sindicadas por la JEP, está consagrado en el Estatuto de Roma en su artículo 7, como crímenes de lesa humanidad. Cabe anotar, además, que la Sala de Reconocimiento asumió el estudio del caso 001 el 4 de julio de 2018, de acuerdo con el informe No. 2 presentado por la Fiscalía General de la Nación, denominado: “Retención Ilegal de personas por parte de las FARC-EP”. Con el avance de los procesos en la Jurisdicción salta a la luz un error de cálculo cometido por la guerrilla al hacer su tránsito de las armas a las urnas pues confeccionaron sus listas al Congreso con quienes más tarde podrían ser condenadas por la JEP por delitos atroces y, quienes sin discusión alguna, deben perder tal representación, más no el partido, que debe avalar otros nombres para reemplazarlos. Es este el primer Auto de imputación después de un largo período de estudio y no será el último. Por ahora, se priorizó el de los altos mandos, luego vendrán el de los mandos medios y ejecutores, quienes cuidaban y secuestraban directamente a las víctimas. Con esta decisión de la JEP queda claro que lo cometido por los terroristas de las de las Farc no fueron errores, sino crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Pasados 30 días hábiles para decidir si aceptan o no los crímenes imputados, la resolución de conclusiones pasará finalmente al Tribunal que será el encargado de sancionarlos. Se abre paso la Justicia Especial para la Paz.
Alberto Zuluaga Trujillo. alzutru45@hotmail.com