SE REQUIERE NUEVO FOREC

Una vez más, fuimos golpeados por un violento terremoto, causante de no menos de 300 pérdidas humanas y de incuantificables destrozos materiales, catalogado como el segundo más fuerte registrado en el país después del de 1906 que alcanzó una magnitud de 8.8 y cuyo epicentro se ubicó frente a las costas del Pacífico, igual al de ahora, sumando 9 movimientos telúricos de magnitud superior a 7, desde 1900.  Terremotos de esta magnitud no sufríamos desde el 2012 como el acaecido en La Vega, Cauca, de 7.3 en el que a pesar de su fuerza no produjo víctimas mortales ni grandes daños estructurales, gracias a su gran profundidad de 168 kilómetros. En medio de esta nueva tragedia, cuyo epicentro fue San José del Palmar en el Chocó, con efectos devastadores en Cali, Pereira, Manizales y Armenia, fuera de pequeños municipios de la amplia zona, sentimos un cierto alivio por saber que el país se encuentra bajo un nuevo gobierno, honesto y diligente, y no bajo la conducción de unos hampones que, sin el más mínimo remordimiento, saquearon precisamente la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en más de $2 billones, a más de otros gigantes latrocinios. Desde el primer momento, el presidente De la Espriella se apersonó de la situación, desplazándose con parte de su equipo de gobierno a los distintos sitios de la tragedia, ofreciendo y creando los mecanismos necesarios para afrontar los alcances de tan pavoroso sismo. Lo primero, fue la declaratoria de Desastre Nacional que permite mover recursos del presupuesto actual y aplicar contratación directa sin pasar por licitaciones para atender con rapidez la calamidad, y cuya vigencia puede extenderse hasta por un año y, lo segundo, la declaratoria del Estado de Emergencia Económica (Social y Ecológica) que es un estado de excepción de rango constitucional (artículo 215), que permite expedir decretos con fuerza de ley sin pasar por el Congreso, destinados a conjurar la crisis, creando o modificando temporalmente tributos económicos especiales. Esta medida puede declararse por períodos de hasta 30 días que sumados no sobrepasen los 90 días dentro de un año calendario. El decreto correspondiente pasa automáticamente a control de la Corte Constitucional, conjuntamente con los demás decretos reglamentarios, expedidos durante la emergencia, pues deben, necesariamente, que responder a hechos sobrevinientes e inminentes que atenten contra el orden económico, social o ecológico del país y que no puedan ser atendidos adecuadamente mediante los mecanismos ordinarios existentes. Lamentablemente entidades ajenas al Estado y personas particulares se han dedicado a recaudar dineros y ayudas en especie, supuestamente para contribuir a la emergencia, hecho que, al no estar bajo control físico y destino final de lo recaudado, no debiera permitirse, al igual que las gentes debieran abstenerse de consignar a estas cuentas informales y de hacer entregas de ayudas a sus supuestos coordinadores, mientras no sean cuentas oficiales o autorizadas por el Gobierno. No faltan los “vivos” que se aprovechan del dolor y la tragedia, para hacer de las suyas. Como en circunstancia anterior que concitó la solidaridad nacional e internacional y contó con la oportuna intervención del gobierno de Andrés Pastrana Arango, en el terremoto del Eje Cafetero de hace 27 años, valdría la pena replicar la conformación de un nuevo Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (FOREC) que se encargue del manejo gerencial de tamaña empresa. Alberto Zuluaga Trujillo.                                                       Alzutru45@hotmail.com