El anuncio del supuesto presidente electo, Abelardo de la Espriella, del regreso del servicio militar obligatorio pone de manifiesto una práctica violenta y retardataria de alto riesgo para la integridad física, mental, así como el futuro de las nuevas generaciones de colombianos, obligadas a hacer parte de una guerra que no les pertenece.

De esta manera, no solo se los despoja del derecho a la autodeterminación, sino también de emplear ese mismo tiempo en labores más constructivas, como la dedicación al estudio o la oportuna salida al campo laboral para independizarse o hacer su aporte a la economía familiar, casi siempre magra.

Cabe destacar que el presidente Gustavo Petro, teniendo en cuenta los numerosos casos de objeción de conciencia y las denuncias de malos tratos a los conscriptos, decretó la opción de escoger la forma de prestación del servicio más allá del ámbito castrense. Prohibió el secuestro de jóvenes, privados ilegalmente de la libertad al ser interceptados en plena vía pública, además de aumentar el salario tanto a quienes se encuentran bajo bandera como a los soldados profesionales.

Esto tiene lugar en el marco de la futura restauración conservadora, la cual comenzará a partir de principios del mes de agosto, cuando el gobierno de izquierda progresista ceda su lugar a otro de extrema derecha, neoliberal y autoritario, a pesar de los presuntos hechos comprobados de fraude electoral. La elección del polémico Abelardo de la Espriella a la Presidencia pone de relieve, a partir de sus declaraciones acerca de las primeras medidas que tomará el gobierno, una suerte de revanchismo histórico, prometiendo derogar todas las medidas adoptadas por la actual administración, entre ellas, cualquier forma de resolución pacífica.

De allí, la interpretación real de la cuestionada decisión de De la Espriella de obligar a pagar servicio militar a los jóvenes exceptuados. De esa forma, se estaría asumiendo un gasto innecesario para el país con el objetivo de retomar un conflicto armado interno de hace décadas, que deja no menos de 500.000 víctimas fatales, sin contar heridos o afectados, y miles de millones de pesos en daños materiales.

La impopular medida, teniendo en cuenta que el 85 % de los reclutas son de extracción campesina o provenientes de clases populares, vendría a suponer un riesgo injustificado para sus vidas, cuando el conflicto es de exclusiva responsabilidad de los pésimos manejos sociales, económicos y políticos, así como de la ausencia estatal durante los sucesivos gobiernos anteriores a 2022.

Contexto

Durante muchos años, la propaganda oficial hizo hincapié en que uno de los rasgos que denotaban el aspecto «terrorista» de la insurgencia armada en Colombia, llámese FARC, ELN o lo restante de ambas, era el reclutamiento forzoso de ciudadanos en sus filas. Las mismísimas palabras de un viejo comercial advertían por televisión a la audiencia: «Tienes derecho a no ser parte de esta guerra».

Dejando de lado si lo dicho estaba en lo cierto —el Estado colombiano jamás reconoció la existencia de una guerra civil de más de sesenta años de antigüedad¹—se puede añadir con absoluta veracidad que objetar el ingreso tanto en la guerrilla y los grupos paramilitares como a pagar el servicio militar obligatorio constituye una prerrogativa que puede y debería hacerse valer hasta sus últimas consecuencias.

No hace falta siquiera mencionar uno de los artículos de la Declaración de Derechos Humanos, el cual indica que el hombre nace libre, con obligaciones también, pero sujeto inexorablemente al poder de obrar o determinar por voluntad propia². Para algunos, Dios le otorga la facultad del «libre albedrío»; otros, como Juan Jacobo Rousseau, en cambio, hallaron los basamentos de esta autonomía irrenunciable en la naturaleza. Sin importar los fundamentos de la mencionada argumentación, la juventud debería estar exenta, de manera automática, de pagar el servicio militar.

Perder uno o dos años en la dura vida de los regimientos no aplica para infundir el sentimiento de defender a la Patria, la libertad, la justicia, los valores ético-morales y la subsistencia de un Estado benefactor y celoso de las garantías populares, como pretende hacerse ver. Hasta la llegada de Gustavo Petro al gobierno, mientras nuevos y sofisticados métodos de alienación mostraban un ejército equivalente al de Bolívar, luchando por la independencia contra la opresión, los hechos de público conocimiento —excepto en Colombia, donde la verdad está vedada e importa tan poco— demostraban exactamente lo contrario. Y lo peor de todo: ahora van a intentar lo mismo otra vez.

Pronto volverá a quedar en evidencia la pretensión solapada de confundir, de manera alevosa, los derechos individuales con el deber de cumplir las obligaciones, igual de cualitativas, hacia el Estado. En Colombia, los sucesivos gobiernos, de un autoritarismo paternalista que roza los parámetros de una dictadura civil —por omitir que los emula y que el presidente supuestamente electo los reivindica—, parecen tener como especialidad innata ahogar todo lo referente a los derechos de las personas en función de los beneficios del poder de turno, de un establecimiento político, económico y social que se sostiene sobre la sumisión de las personas, como si fueran un número más de la extensa lista destinada al sacrificio para el disfrute de un puñado de millonarios avispados.

Modo futuro imperfecto

Estos conceptos no buscan exaltar las bajas pasiones, encender el odio o concebir proclamas incendiarias, carentes de todo sentido razonable. Para determinar una verdad, bastan las comprobaciones y, entre todas ellas, se vislumbra claramente que el Ejército Nacional —que de «ejército» y de «nacional» no tiene nada— no cumple los requisitos de una fuerza militar regular, al menos en lo respectivo a su denominación.

La línea del gobierno que entrará en funciones a partir del próximo 7 de agosto volverá a traer, necesariamente, líderes militares relacionados con delitos de corrupción, tráfico de drogas y crímenes de lesa humanidad, porque, de otro modo, no podrán cumplir las órdenes encomendadas de reprimir, atacar la disidencia, aplastar el Estado de derecho ni evitar, de seguro, cometer más “falsos positivos”. De hecho, las Fuerzas Armadas retomarán la configuración de ser más una banda armada de mercenarios a sueldo, encargada de eliminar focos de inconformismo social, que auténticos soldados dirigidos bajo una estrategia para combatir enemigos reales, alineadas al régimen fascista surgido del fraude. En el pasado, la coordinación de operaciones y el establecimiento de campamentos conjuntos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ordenados desde el Palacio de Nariño, fue dada a conocer a conocer a través de extensos testimonios por sus mismos protagonistas, sin nada que permita suponer lo contrario a la reiteración de tales hechos vergonzantes.

Omitiendo las distintas misiones internacionales en apoyo de aliados estratégicos —en especial de los Estados Unidos, con quien Colombia reanudará una dependencia parasitaria, e Israel³—, su desempeño fundamental volverá a ser de «puertas hacia adentro». A nivel académico, formados en la mentalidad colonial de la «Escuela de las Américas⁴», de los tiempos de la «guerra fría⁵» (1945-1990), se encuentran anacrónicamente convencidos del deber de ejercer un control de «fronteras hacia adentro». Bajo el rótulo de la defensa de «los valores democráticos, occidentales y cristianos⁶» y la «amenaza comunista⁷», el verdadero objetivo consiste en preservar el hemisferio, asegurar la supremacía de Estados Unidos dentro de la región, por sobre los intereses y la autodeterminación de los pueblos o países de la periferia. Dicha medida forma parte de la «Doctrina de Seguridad Nacional⁸».

Esto explicaría por qué, desde hace años, las Fuerzas Armadas fueron el brazo «visible» y el cuerpo de ocupación territorial para asegurar por la fuerza los lineamientos de una sucesión de gobiernos entregados por completo a intereses foráneos, cuando no, perjudiciales para el país. Manejarán y formularán conceptos válidos en teoría —patriotismo, sentido de pertenencia, familia, etc.—, pero su verdadera finalidad distará de «defender a la Patria», como pretende hacérsele creer a la mayoría. Es decir, re implementar un Ejército Nacional orientado a servir a un conglomerado de poderosos individuos e intereses diversos, desempeñando tareas logísticas y materiales tendientes a garantizar el mantenimiento de un orden social que, de acuerdo con las declaraciones de Abelardo de la Espriella, resultará por demás injusto.

¡Viva la guerra!

De allí, el regreso al modelo de Estado colombiano de contar con el pueblo como «convidado de piedra» y, a la vez, «protagonista» de una guerra civil no declarada. El conflicto, propiamente dicho, satisface la demanda del mercado de armas y de drogas; lo financian dineros «calientes», el usufructo de las redes locales e internacionales de prostitución y los capitales que arriban desde el exterior en forma de préstamos para dar continuidad a la «novela diaria». El país se va endeudando sin remedio ni sentido.

La reticencia de la clase dirigente le hace preferir armarse para responder violentamente a los reclamos, en lugar de destinar el equivalente a la recomposición del aparato productivo y del tejido social arruinado. El «por qué» dista mucho de ser una ilusión o de nutrirse de postulados ideológicos, al estilo de aquel sofisma hitleriano de que «la guerra es un instrumento de superación moral, espiritual y un estado natural de los individuos de una nación⁹». Colombia volverá a estar gobernada por la ultraderecha, pero no pretende llegar tan lejos. Prima el sentido práctico, el sólido argumento de satisfacer la insaciable corruptela de una clase política, en su mayoría criminal e inescrupulosa, para la cual la guerra es un negocio redondo, aunque para enriquecerse deba apelar a la carne humana. Hoy, el enemigo enfocado es la insurgencia residual. Mañana, quizás la lucha se limite a justificar tremendos desembolsos en la eliminación de facciones delictivas que persiguen intereses pecuniarios. Después, en el futuro, deberán vislumbrarse otras causas para que la gente muera y, de paso, ello dé buenos réditos…

Entre tanto, el pueblo, la verdadera víctima, engañado, manipulado en su inocencia y escarnecido, seguirá con entusiasmo el curso de los acontecimientos. En algunos casos, aplaudirá a los «héroes» fabricados por los medios, casi hasta la veneración. Con alarmante insensibilidad, observará con curiosidad la nueva captura de otro jefe paramilitar, luego de la tanda de las noticias de la farándula y del fútbol; festejará eufórico los episodios de sangre donde caerán los cabecillas guerrilleros, celebrando la aparición ante las cámaras de sus cadáveres, con los rostros desencajados por la explosión o la metralla. Le enseñaron a idolatrar de tal manera semejante «cruzada mesiánica», que ya ni le importa que los niños sean testigos de ese placer psicópata a cualquier hora del día; endosará «todos los problemas de Colombia» a las disidencias farianas y al ELN —con la enorme porción de culpabilidad que les corresponde—, descartando cualquier responsabilidad de quienes gobiernan. Y lo peor: revalidará la vergonzosa vocación de soportar resignado atropellos, como la aceptación injuriante de un servicio militar obligatorio que les roba la vida a sus jóvenes para hacer con ellos cuanto les venga en gana. «Tienen que hacerse hombres», sostendrán. «Alguien tiene que pelear con la guerrilla». «Toca», parecerán ser los argumentos más convincentes a la hora de traicionarlos, como hicieron al entregar el futuro y el país a la extrema derecha, cuando lo habían recuperado tras la jornada del Paro de 2021.

Abusos

En el marco de una sociedad de talante clasista, impuesta desde un Estado autoritario, quienes provienen del núcleo de familias adineradas y desean pagar una importante suma quedarán libres de vivir esta pesadilla intolerable y obtendrán la denominada «libreta militar», sin la cual en Colombia resulta imposible acceder a toda clase de empleo formal.

A este grupo de privilegiados pertenecen los adolescentes provenientes de la poderosa burguesía empresarial e industrial, la clase terrateniente, los políticos y la suma de los sectores asociados al poder, quienes observan con buenos ojos que los menos pudientes queden a cargo de la defensa de sus intereses.

Los menos afortunados, en cambio, deberán dejar de lado el estudio, la posibilidad de capacitarse, la búsqueda de nuevos horizontes y las oportunidades de desarrollo, que de por sí no se ofrecen en demasía, para soportar un acuartelamiento involuntario, maldecido por la inmensa mayoría de la juventud. Dicha violación del derecho humano fundamental de la libertad pregona una cultura del sometimiento —por cierto, bastante efectiva en Colombia— que persigue vencer la resistencia y destruir de plano cualquier conato de oposición, instinto, deseo, aspiración e inquietud positiva de cambio, para imponer un tipo de orden enajenante e inapelable, evitando de plano su cuestionamiento, en vistas de hacer acatar, de forma obligatoria, una autoridad, sin importar de la clase que sea.

El eventual prólogo de semejante escarnio comenzará en el centro de las ciudades. Allí se podrá observar el maltrato al que son sometidos los jóvenes por parte del «glorioso» Ejército Nacional, «arreados» como ganado dentro de camiones militares, detenidos por medio de «pescas milagrosas» contra su voluntad por el hecho de no haber asistido el día de la cita al regimiento o carecer de la «libreta». Cabe destacar, como detalle, que los «detenidos», a partir del momento de su «captura», estarán obligados a permanecer hasta veinticuatro horas, en tanto se averiguan, supuestamente, los antecedentes de cada uno.

Una vez dentro de los regimientos, en un ambiente de dureza y austeridad, donde debe desarrollarse la astucia, la picardía, la falsedad, el oportunismo o el ingenio para afrontar una convivencia más o menos estable, el conscripto se transformará en un elemento de sobreexplotación de la oficialidad, cuando no lo coloquen en la obligación de realizar servicios personales. Esto, sin contar el muy probable descuento compulsivo del salario a los conscriptos, establecido por la administración Petro, con el objeto de acostumbrar a los muchachos a ser explotados como lo son sus padres.

Las constantes denuncias sobre malos tratos y brutales castigos recibidos por conscriptos, de los que existen evidencias filmadas y difundidas en los medios de comunicación, motivarán la debida extorsión y el riesgo de que, en represalia, frente a cualquier indicio de mal comportamiento, inconformidad, desacato o exigencia de respeto a la dignidad, estos sean dados de baja sin recibir la consabida libreta, con todas las dificultades que esto supone.

Marcha forzada

Contra su voluntad, los jóvenes conscriptos se verán obligados a avanzar hacia un destino desconocido, adentrándose en la inhóspita y cruda topografía nacional. Con unas pocas semanas de instrucción, se transformarán en objetivos militares. Arriesgarán sus vidas por combatir en una guerra que no es la suya y a la cual tienen el total derecho de oponerse, porque está dada más en función del crimen organizado, del delito y de intereses extranjeros que de la defensa nacional.

En todo caso, el servicio militar no debería volver a convertirse en una práctica aberrante, como pretende De la Espriella: un atropello a la libertad. Debería mantener, en todo caso, el carácter de voluntario, donde las acciones se encuentren a cargo de soldados profesionales que cuenten con la preparación adecuada, si es esa la carrera que escogen.

Si el Estado colombiano precisa de una fuerza eficaz de combate, debe comenzar primero por poner a la totalidad de sus ciudadanos en condiciones prácticas de equidad y, en lo referente a la guerra interna, desviar los dineros destinados a la corrupción para pagarles a quienes supone a la altura de cumplir con la responsabilidad de defender la soberanía.

Es inconcebible que, bien entrado el siglo XXI, se siga arrastrando gente como si fuera esclava para exponerla a la muerte. El reclutamiento forzoso no puede ni debe adjudicarse solamente a la guerrilla o al paramilitarismo. ¡El Estado, de manera institucionalizada, también lo practica y eso también es terrorismo!

Respuestas

En caso de concretarse la medida, los jóvenes, en calidad de principales interesados, deberían organizarse a partir del último año del bachillerato o del primero de la universidad, constituir quizás formas de representación independientes, con el propósito de objetar la obligación impuesta por la fuerza. Al menos, de poder contar con abogados que los asesoren de forma individual para no cumplir tan injusta obligación.

Igualmente, deberían tomar cartas en el asunto las organizaciones de derechos humanos, interponiendo los correspondientes reclamos y denuncias cuando, sin lugar a dudas, el próximo gobierno pretenda utilizar la suma de los artilugios legales para cumplir con sus propósitos. Esto, con el oportuno llamado a sus pares internacionales, dando a conocer la realidad de lo sucedido en Colombia y sumando más voces de protesta contra la absurda medida.

Pero el principal pedido debería recalar en el Pacto Histórico, máximo artífice de la paz a partir de la reconstrucción del tejido social, devenido para ese entonces en el principal movimiento de oposición.

De lo contrario, los jóvenes quedarán librados a su suerte, sin nadie que los proteja, a merced de un gobierno neoliberal de corte fascista, autoritario, incapaz y retrasado, capaz de sumar onerosos intereses haciendo harina de los sectores más sensibles de la sociedad.

Escribe: Carlos Alberto Ricchetti

Referencias y glosario

¹ “…el Estado colombiano jamás reconoció la existencia de una guerra civil de más de sesenta años de antigüedad…”:Durante gran parte del conflicto armado interno, el Estado colombiano evitó calificar la confrontación como una guerra civil, prefiriendo expresiones como «amenaza terrorista» o «lucha contra el terrorismo». Solo con la promulgación de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) se reconoció oficialmente la existencia de un conflicto armado interno, aunque el término «guerra civil» continúa siendo objeto de debate entre historiadores, juristas y analistas políticos. Fuentes: Pizarro Leongómez, Eduardo(2015). Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. La Habana: Mesa de Conversaciones Gobierno–FARC. Obra colectiva fundamental sobre los orígenes, evolución y caracterización del conflicto armado colombiano. Pizarro Leongómez, Eduardo. (2004). Una democracia asediada: Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia. Bogotá: Grupo Editorial Norma. Sánchez, Gonzalo (coord.). (2013). ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica. Pécaut, Daniel. (2001). Guerra contra la sociedad. Bogotá: Espasa. Palacios, Marco. (2003). Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-1994. Bogotá: Editorial Norma.

² “…uno de los artículos de la Declaración de Derechos Humanos, el cual indica que el hombre nace libre, con obligaciones también, pero sujeto inexorablemente al poder de obrar o determinar por voluntad propia…”: La idea expresada en el texto corresponde principalmente al artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, complementado por el concepto de autonomía de la voluntad desarrollado en la filosofía política y el derecho. Una reseña breve podría quedar así: Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 1). Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados de razón y conciencia, y llamados a comportarse fraternalmente entre sí. Este principio constituye el fundamento del derecho a la libertad personal, la autodeterminación y la autonomía de la voluntad, sin perjuicio de las obligaciones que cada individuo tiene frente a la sociedad. Texto del artículo 1: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.» La frase de tu artículo: «…el hombre nace libre, con obligaciones también, pero sujeto inexorablemente al poder de obrar o determinar por voluntad propia.» La frase empleada no aparece literalmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es una paráfrasis que combina el artículo 1 de la Declaración con el concepto filosófico de la autonomía de la voluntad, desarrollado por pensadores como John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant. Fuente: (APA 7.ª edición): Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

³ “…en especial de los Estados Unidos, con quien Colombia reanudará una dependencia parasitaria, e Israel…”: La frase analizada utiliza una carga retórica proveniente de la Teoría de la Dependencia (específicamente la vertiente que critica las relaciones centro-periferia), adaptada al discurso político contemporáneo para cuestionar la autonomía de la política exterior colombiana. El uso del término «dependencia parasitaria» en el contexto de la relación con Estados Unidos e Israel funciona como un dispositivo de deslegitimación. Desde la perspectiva de los críticos de una posible administración de corte conservador extremo, esta expresión busca transformar la narrativa de «alianza estratégica» en una de «subordinación estructural». En términos de política exterior colombiana, el debate se centra en tres puntos de tensión: a) Soberanía vs. Alineamiento: Argumenta que la alineación automática con los intereses de Washington y Tel Aviv limita la capacidad de maniobra de Colombia para buscar diversificación de mercados o relaciones diplomáticas autónomas. b) Contexto Histórico: El discurso apela al histórico papel de Colombia como «aliado principal» (fuera de la OTAN), sugiriendo que, bajo un nuevo gobierno, este papel se radicalizaría al punto de comprometer la soberanía nacional a cambio de apoyo militar y político. c) Seguridad y Defensa: La mención específica a Israel suele estar ligada a la cooperación en materia de inteligencia y tecnología de defensa, un eje que los opositores cuestionan por sus implicaciones éticas y su impacto en la doctrina de seguridad interna. Esta narrativa, adoptada por opositores a Abelardo de la Espriella, busca conectar la política exterior con una crítica al modelo económico y de seguridad, etiquetando cualquier profundización de estos vínculos como un retroceso hacia una forma de neocolonialismo económico. Fuentes: Tickner, A. B. (2007). La política exterior colombiana: ¿una política sin política?, Sobre la Teoría de la Dependencia (Marco conceptual del término): Dos Santos, T. (1970), Sánchez, F., & Vargas, R. (2005). Plan Colombia: ¿una estrategia efectiva?, Israel and Colombia: The Evolution of a Strategic Partnership.

⁴ Escuela de las Américas: (School of the Americas, SOA). Centro de entrenamiento militar del Ejército de los Estados Unidos, fundado en 1946 en la Zona del Canal de Panamá y trasladado en 1984 a Fort Benning (Georgia). Durante décadas impartió formación a miles de oficiales latinoamericanos en contrainsurgencia, inteligencia militar y seguridad nacional. Diversos organismos de derechos humanos la han cuestionado por la asistencia de militares posteriormente implicados en violaciones de derechos humanos, golpes de Estado y crímenes de lesa humanidad. En 2001 fue reemplazada por el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC), que asumió oficialmente sus funciones. Fuente: (APA 7.ª edición): Gill, L. (2004). The School of the Americas: Military Training and Political Violence in the Americas. Duke University Press. Fuente oficial: Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC). (s. f.). History of WHINSEC. https://www.whinsec.army.mil

⁵ Guerra fría: Período de confrontación política, ideológica, económica y militar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, desarrollado aproximadamente entre 1947 y 1991. Aunque no existió un enfrentamiento militar directo entre ambas superpotencias, la disputa se manifestó mediante guerras por delegación, competencia armamentística, espionaje, propaganda e influencia sobre terceros países. En América Latina, la Doctrina de Seguridad Nacional promovida por Estados Unidos impulsó políticas de contrainsurgencia y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas para contener la expansión de movimientos considerados comunistas. Fuente: (APA 7.ª edición) Hobsbawm, E. (1995). Historia del siglo XX (1914-1991). Barcelona: Crítica. Gaddis, J. L. (2005). The Cold War: A New History. New York: Penguin Press. Fuente documental: Naciones Unidas. (1945–1991). Archivo histórico de las Naciones Unidas sobre la Guerra Fría. https://www.un.org

⁶ “…los valores democráticos, occidentales y cristianos…”: Como esa expresión tiene un fuerte contenido ideológico y ha sido utilizada en distintos contextos políticos, conviene definirla como un concepto doctrinario, no como un principio jurídico universal. Una reseña breve y académicamente sólida sería la siguiente: Expresión utilizada durante la Guerra Fría en el discurso político y militar de diversos gobiernos occidentales para identificar el conjunto de principios asociados a la democracia liberal, la economía de mercado, la tradición cultural europea y la herencia cristiana. En América Latina, el concepto fue incorporado a la Doctrina de Seguridad Nacional como fundamento ideológico de las políticas de contrainsurgencia impulsadas por varios Estados, que presentaban la lucha contra el comunismo como una defensa de dichos valores. Su alcance y aplicación han sido objeto de debate académico debido a que, en algunos casos, sirvió para justificar regímenes autoritarios y restricciones a los derechos humanos. Fuentes: (APA 7.ª edición) Leal Buitrago, F. (2003). La doctrina de seguridad nacional: Materialización de la Guerra Fría en América del Sur. Revista de Estudios Sociales, (15), 74-87. Comblin, J. (1979). La doctrina de la seguridad nacional. Salamanca: Ediciones Sígueme. Rouquié, A. (1984). El Estado militar en América Latina. México: Siglo XXI Editores.

⁷ “Amenaza comunista”:Concepto político y estratégico desarrollado durante la Guerra Fría para describir el supuesto riesgo de expansión del comunismo internacional sobre los Estados alineados con el bloque occidental. En América Latina, la Doctrina de Seguridad Nacional adoptó esta noción como fundamento para la implementación de políticas de contrainsurgencia, inteligencia militar y seguridad interna, identificando a organizaciones guerrilleras, movimientos sociales y, en algunos casos, a sectores de oposición política como potenciales enemigos del Estado. La utilización de este concepto ha sido ampliamente debatida por la historiografía debido a que, en diversos países, sirvió para justificar estados de excepción, persecuciones políticas y graves violaciones de los derechos humanos. Fuentes: (APA 7.ª edición) Comblin, J. (1979). La doctrina de la seguridad nacional. Salamanca: Ediciones Sígueme. Leal Buitrago, F. (2003). La doctrina de seguridad nacional: Materialización de la Guerra Fría en América del Sur. Revista de Estudios Sociales, (15), 74-87. Rouquié, A. (1984). El Estado militar en América Latina. México: Siglo XXI Editores. Harmer, T. (2011). Allende’s Chile and the Inter-American Cold War. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

⁸ Doctrina de Seguridad Nacional: (DSN). Conjunto de principios político-militares desarrollados durante la Guerra Fría, principalmente bajo la influencia de los Estados Unidos, que redefinieron la función de las Fuerzas Armadas latinoamericanas. La doctrina sostenía que la principal amenaza para la seguridad de los Estados no provenía exclusivamente de agresiones externas, sino también de un «enemigo interno», identificado con organizaciones guerrilleras, movimientos revolucionarios o cualquier actor considerado afín al comunismo internacional. En varios países de América Latina, esta concepción sirvió de fundamento para estrategias de contrainsurgencia, inteligencia militar y control del orden interno, siendo objeto de amplias críticas por su vinculación con regímenes autoritarios y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Fuentes: (APA 7.ª edición) Comblin, J. (1979). La doctrina de la seguridad nacional. Salamanca: Ediciones Sígueme. Leal Buitrago, F. (2003). La doctrina de seguridad nacional: Materialización de la Guerra Fría en América del Sur. Revista de Estudios Sociales, (15), 74-87. Rouquié, A. (1984). El Estado militar en América Latina. México: Siglo XXI Editores. Loveman, B. (1999). For la Patria: Politics and the Armed Forces in Latin America. Wilmington, DE: Scholarly Resources.

⁹ “…la guerra es un instrumento de superación moral, espiritual y un estado natural de los individuos de una nación…”: Tomada de la definición original de “la concepción nacionalsocialista de la guerra como un medio de fortalecimiento y regeneración de la nación”, resume una idea presente en la ideología nazi y el militarismo fascista, pero no aparece literalmente en Mein Kampf ni en los discursos de Adolfo Hitler. La idea exacta de la concepción nazi de la guerra, era concebida como un fenómeno inherente a la vida de las naciones y un medio para afirmar la fortaleza, la expansión territorial y la supremacía racial del Estado. El régimen hitlerista o hitleriano presentó el conflicto armado como un instrumento de regeneración nacional, disciplina colectiva y consolidación del poder político, subordinando los derechos individuales a los intereses del Estado y de la denominada «comunidad del pueblo» (Volksgemeinschaft). Este precepto constituyó uno de los fundamentos ideológicos del expansionismo alemán y de la Segunda Guerra Mundial. Fuentes: (APA 7.ª edición) Hitler, A. (2016). Mi lucha (Mein Kampf). Madrid: Ediciones del Laberinto. (Obra original publicada en 1925-1926). Kershaw, I. (2008). Hitler: Una biografía. Barcelona: Península. Evans, R. J. (2005). El Tercer Reich en el poder (1933-1939). Barcelona: Península.Fest, J. (2005). Hitler. Barcelona: Planeta.