Por: Jorge H. Botero
Consolidar reglas claras para las consultas previas con comunidades tribales es un
imperativo urgente en la lucha contra el abismal crecimiento de la pobreza.
La consulta previa es un derecho fundamental de carácter colectivo del que son titulares, en
especial, los pueblos indígenas y negros. Como tal, es una manifestación del derecho que los
ciudadanos tenemos a participar, antes de que las autoridades decidan, en las actuaciones que
pueden afectar nuestras vidas. La circunstancia que lo hace singular no es su naturaleza sino su propósito: preservar, en el contexto de una sociedad pluralista, culturas, valores, modos de producir y de entender la existencia social, a partir del presupuesto de que tales manifestaciones son legítimas en tanto sean compatibles con la preservación de una identidad colectiva mayor: la nación colombiana. Todos estamos sometidos a la Constitución y las leyes de la República, así bajo determinadas condiciones las comunidades tribales gocen del privilegio de contar con normas y autoridades propias.
Es innegable que la realización de los procesos de consulta tropieza con severas dificultades.
Al iniciarse el confinamiento masivo había alrededor de diez mil doscientos procesos en sus
diferentes etapas; y cerca de seiscientos proyectos pendientes de iniciación. El costo implícito
para el desarrollo de un país que realiza esfuerzos persistentes para modernizar su
infraestructura, es colosal. No han podido avanzar a la velocidad requerida, en distintas partes del territorio, proyectos de generación y transmisión de electricidad. A veces, se combinan todas las formas de lucha: asonadas en medio de las consultas; ilegalidad y legalidad.
Algunos proyectos, que luego de surtidos las correspondientes consultas ya se encontraban en su fase constructiva, han sido interrumpidos por la aparición extemporánea de comunidades de las que nadie tenía noticia; infortunadamente, en alguna sentencia se dijo que las comunidades no necesariamente tienen arraigo territorial; podrían, pues, ser itinerantes, al parecer sin restricción alguna…Todo esto, que era muy preocupante antes de la pandemia, adquiere dimensiones de excepcional gravedad ahora que Colombia intenta superar una crisis social y económica de dimensiones ignotas.
Una estrategia unánimemente reconocida como adecuada consiste en acelerar los proyectos de infraestructura, dando énfasis, en primera instancia, por su efecto inmediato en la recuperación del empleo y la demanda, a las vías terciarias. También es menester actuar con singular rapidez para conjurar amenazas que nos esperan a la vuelta de pocos años. Por ejemplo, la construcción de la instalaciones necesarias para la importación y transporte de gas natural ante el inminente agotamiento de las reservas. Perder en esta carrera contra el tiempo tendría muy dañinas consecuencias. Muchas familias colombianas lo consumen en sus hogares; y es vital para la estabilidad del sistema eléctrico en épocas de sequía.
El gobierno, que sabe de la urgencia de moverse con celeridad, ha intentado utilizar las
plataformas virtuales para avanzar en algunas fases de las consultas pendientes mientras
estamos confinados. Sin razón, le cayeron encima; si buena parte del país, incluido en
Congreso, pueden operar en el mundo virtual, ¿por qué no esas consultas? La verdad es que
son muy poderosos los que quisieran que el país retornara a un pasado idílico (y falso) en el
que no se puede alterar el entorno natural. Se ignora que la civilización humana no ha hecho
otra cosa desde el comienzo de la Historia. Cuestión diferente es que se deban tomar
precauciones que antes eran desconocidas.
Se ha popularizado la idea de que el derecho a la consulta previa necesariamente se concreta
en una licencia social, lo que equivale a sostener que las comunidades pueden vetar lo que
no les guste. No es así, como ha señalado la Corte Constitucional: Cuando no sea posible el
acuerdo o la concertación, la decisión de la autoridad debe estar desprovista de arbitrariedad y de autoritarismo; en consecuencia debe ser objetiva, razonable y proporcionada a la finalidad constitucional que le exige al Estado la protección de la identidad social, cultural y económica de la comunidad indígena. No obstante, esta regla tiene dos excepciones fijadas por la jurisprudencia: si la medida que se va a adoptar amenaza con extinguir física o culturalmente la respectiva comunidad, o implica el uso de materiales peligrosos en sus territorios, su consentimiento es necesario. Las discusiones sobre el alcance de estos enunciados pueden ser interminables en ambientes ampliamente ideologizados.
La consulta no es un mero ritual o formalismo; se precisa entender las preocupaciones
legítimas de las comunidades y satisfacerlas hasta dónde sea posible. Ese es un asunto de
interés público; por una u otra vía todos pagamos por los beneficios que se acuerden. Así las
cosas, se precisa disponer que el Estado no es un mero acompañante del empresario a cargo
del proyecto. En realidad, debe ser el promotor y actor primordial del proceso a fin de que
pueda establecer un balance equilibrado entre las aspiraciones de las comunidades y las
conveniencias nacionales. Estando estas de por medio, se precisa definir desde el comienzo
la duración total del ejercicio y de sus distintas etapas, y los costos que deberá sufragar el
Estado para que las comunidades puedan ejercer su derecho a la consulta sin restricciones
financieras indebidas.
Dicho lo anterior, debe reconocerse que el país padece un severo déficit normativo. Tramitar
una ley estatutaria de consultas previas- para que pueda saberse con certeza cómo resolver
cada problema que surge-, según la Corte requiere una consulta previa de orden nacional, lo
cual parece ser un imposible político. El amplio acervo de sentencias de las altas cortes,
tampoco ha sido suficiente para generar seguridad jurídica. Quizás la Corte podría dictar una
nueva sentencia de unificación que sistematice las reglas de juego y nos saque de una
situación de dañina incertidumbre. No es mucho pedir y los beneficios serían enormes.
Escolio. Convencido de que Colombia deberá acometer reformas estructurales para superar
la crisis generada por la pandemia, y deseoso de participar en esos debates, he escrito el
documento adjunto: Un Estado fuerte, moderno, eficiente y democrático. Agradezco a
Semana que me permita divulgarlo entre sus lectores.
Publicada en Semana y reproducida en El Opinadero, previa autorización del autor.