Tramitada la reforma a la justicia en el 2012, el presidente Santos en ese entonces lo devolvió al Congreso comenzando el 2013, por “micos” incluidos en la conciliación. La reforma contemplaba medidas de descongestión y eliminaba el Consejo Superior de la Judicatura, el que sería reemplazado por una estructura gerencial y disciplinaria que introducía la doble instancia en el juzgamiento de congresistas y altos funcionarios ante la Corte Suprema de Justicia, desapareciendo la ineficiente Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esta fallida reforma a la justicia, dio paso al acto legislativo denominado Equilibrio de Poderes, radicado en el 2015, articulado que fue declarado inexequible en su inmensa mayoría en el estudio posterior de la Corte Constitucional, al decidir que la supresión de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura afectaba el principio de autonomía que la Carta del 91 le garantizaba, tumbando igualmente la Comisión de Aforados, permitiendo la continuidad de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Los múltiples escándalos de esta rama, hacen que la percepción pública sea de fracaso en la administración de justicia, cooptada vergonzosamente por la corrupción y el clientelismo, haciéndola lenta, ineficiente e insatisfactoria para gran parte de quienes acuden a ella. El foco hoy está sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado, antes del 1 de diciembre de 2016, buscando satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición, ofreciendo tratamiento especial a los implicados que reconozcan su responsabilidad, aporten verdad y reparen a las víctimas. Este mecanismo de justicia transicional que investiga y juzga a integrantes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles que hayan participado en el conflicto interno, está vigente desde marzo de 2018 y prevista a 10 años iniciales de funcionamiento, no pudiendo ir más allá de 20 años, según lo pactado en el Acuerdo de Paz, con el solo propósito de poner punto final a más de medio siglo de violencia. Sus resultados no pueden ser más pobres. En ocho años de existencia, solo ha presentado cuatro condenas, una cada dos años frente a un descomunal gasto, cuyo presupuesto asignado es superior a los 3.8 billones de pesos. Para el presente año, tiene un presupuesto de $744.000 millones de pesos, de los cuales el 54% se van en gastos de funcionamiento y honorarios. Esta ineficiente justicia transicional acaba de activar la ejecución de las sanciones al último secretariado de las Farc, condenándolos a una reparación simbólica a las víctimas, búsqueda de personas desaparecidas y desminado por ocho años, los cuales quedaron en cinco años, por cursos como el de 32 horas en derechos humanos de uno de ellos, después de haber cometido los más atroces crímenes contra los colombianos. De ahí que De la Espriella proponga un recorte de $170.000 mil millones al presupuesto de la JEP y trasladarlos al Consejo Superior de la Judicatura para fortalecer la justicia ordinaria. Ante las declaraciones del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, señalando que De la Espriella busca asfixiar a ese alto tribunal, el mandatario fue claro al señalar: “Esto no es asfixia ni venganza, es responsabilidad fiscal. Los recursos públicos no son infinitos”. Sin duda alguna, este tribunal sobra.
Alberto Zuluaga Trujillo. Alzutru45@hotmail.com
