Cualquier anuncio que se haga en estos tiempos de crisis, después del terremoto, viene acompañado de las palabras “unidad”, “trabajo en equipo” o del recurrente pronombre “todos”. Palabras políticamente correctas, sin duda, pero que pierden todo su sentido cuando quienes deberían estar realmente representados terminan siendo los grandes ausentes.
Es válido y necesario incorporar a estos procesos expertos en reconstrucción. Pero hay que hacer una precisión fundamental: reconstruir no es lo mismo que refundar. Y quizás este debería ser el primer debate que debemos dar: ¿queremos simplemente levantar nuevamente lo que había o aprovechar la tragedia para corregir, transformar y construir un nuevo tejido social para una ciudad más justa, resiliente y preparada para el futuro?
El llamado Fondo Milagro —y aquí comienzan a aparecer los intereses partidistas— es presentado como una entidad creada por el Ejecutivo para manejar la crisis y canalizar esfuerzos junto con organismos como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Gobernación de Risaralda, las alcaldías, constructoras, aseguradoras, el sector financiero y, finalmente, la comunidad. Pero ¿quién es realmente esa comunidad?
También participa en este proceso la Sociedad de Mejoras Públicas–ProRisaralda, cuya junta directiva reúne representantes de distintos sectores institucionales y sociales del departamento, entre ellos la Diócesis de Pereira, Fenalco, la Cámara de Comercio de Pereira, clubes sociales y miembros honorarios.
Pero la pregunta fundamental sigue sin respuesta: ¿Quiénes representan realmente a la comunidad en estas instancias de reconstrucción y quién los escogió?
Porque si hablamos de unidad y trabajo en equipo, debemos saber si en esas juntas están efectivamente representados los damnificados, los microempresarios, los tenderos, los propietarios de talleres de motos, los pequeños hoteles y, en general, esa enorme cantidad de micronegocios que fueron golpeados duramente por el terremoto. Al final son ellos quienes representan más del 80% del sector empresarial y su vez integran un amplio entramado social de la ciudad. ¿Han elegido ellos mismos a sus representantes? ¿Pueden fiscalizar, evaluar, opinar y hacer valer sus necesidades y realidades? ¿Tienen voz y voto o simplemente aparecen mencionados en los discursos como ese indefinido “todos” que sirve para legitimar decisiones tomadas por otros?
Ya se habla, por ejemplo, de ayudas para CO&TEX (empresa aliada con Arturo Calle, amplio financiador de la campaña del actual presidente), una empresa de gran tamaño que, presumiblemente, cuenta con mecanismos de aseguramiento. La pregunta no pretende desconocer sus necesidades, sino establecer prioridades: ¿debe ese apoyo ser prioritario frente a los pequeños empresarios que, con toda seguridad, tienen menor capacidad financiera y, en muchos casos, ni siquiera cuentan con seguros que les permitan enfrentar las pérdidas?
Y no podemos olvidar a las familias que también resultaron afectadas en sus viviendas, muchas de las cuales tuvieron que desalojarlas y salir a buscar un lugar donde vivir en medio de una crisis en la que los precios de los arriendos pueden convertirse en otra forma de abuso. ¿Dónde están ellas en las instancias de reconstrucción? ¿Están representadas? ¿Tienen voz y voto? ¿Pueden ejercer veeduría sobre los recursos que se destinen a la recuperación de sus barrios y viviendas? Aparentemente, no.
Porque si observamos la composición de estas instancias, aparece una vieja fotografía de nuestra vida institucional: los mismos “cacaos” de siempre, aquellos que se autodesignan o son delegados por el político de turno para hablar en nombre de todos y, no pocas veces, defender intereses particulares. Entonces cabe preguntar: ¿unidad para quién? ¿Trabajo en equipo entre quiénes? ¿Y reconstrucción decidida por quiénes? La verdadera unidad comienza cuando quienes perdieron su vivienda, su negocio, su empleo o su patrimonio tienen un lugar real en la mesa donde se toman las decisiones.
Si la reconstrucción pretende ser legítima, transparente y justa, los damnificados no pueden ser únicamente los destinatarios de las ayudas. Deben ser protagonistas de las decisiones.
En otra columna haré referencia al tema central para estos momentos: Refundación, antes que reconstrucción.
Harold Salazar A
