Oscar Saúl Cortés Cristancho
Cada 23 de abril, cuando el calendario recuerda a William Shakespeare y a Miguel de Cervantes Saavedra, no solo celebramos la literatura: celebramos el poder político del lenguaje. No es una conmemoración estética; es un recordatorio de que las palabras no describen la realidad, la moldean.
Shakespeare expandió la lengua inglesa hasta volverla elástica, capaz de nombrar emociones, conflictos y matices que antes no tenían forma. Cervantes, por su parte, hizo del español un territorio vivo, donde la ironía, la crítica social y la imaginación se entrelazan para cuestionar el orden establecido. En Don Quijote de la Mancha, no solo habita un caballero andante; habita una revolución del lenguaje. Expresiones como “donde vuestra merced se hiciere” o la sentencia “cesando la causa, cesa el efecto” no son simples giros lingüísticos: son arquitectura del pensamiento, son política en forma de palabra.
Ambos autores se atrevieron. Ese es el punto central. Se atrevieron a tensar los límites de su idioma, a incomodar, a proponer nuevas formas de ver y de decir. El idioma, entonces, no avanzó por consenso pasivo, sino por disputas, por innovaciones, por rupturas.
Hoy, esa misma tensión atraviesa uno de los debates más urgentes de nuestro tiempo: cómo nombramos a las personas con discapacidad.
No es un detalle menor. No es una discusión “de forma”. Es, en términos de Ferdinand de Saussure, una cuestión de significante y significado: la palabra no es neutra, produce sentido, organiza la percepción social. Y como bien lo han planteado pensadores como Néstor García Canclini o Jesús Martín-Barbero, el lenguaje es mediación, es territorio de disputa cultural, es escenario donde se negocian las identidades y los poderes.
Decir persona con discapacidad no es un capricho semántico. Es el resultado de un acuerdo político y ético global, consolidado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, suscrito por más de 190 países. Es el reconocimiento de que la discapacidad no define a la persona, que es un adjetivo, no una esencia. Es una forma de desplazar siglos de lenguaje que redujo, estigmatizó y excluyó.
Antes se habló de “integración”, como si las personas debieran adaptarse a un mundo ya dado. Luego llegó la “inclusión”, una mejora conceptual, pero todavía insuficiente en su implementación. Hoy hablamos de garantía de derechos y enfoque social de derechos: un giro profundo que exige transformar la sociedad misma, sus estructuras, sus barreras físicas, comunicativas y, sobre todo, actitudinales.
Sin embargo, el lenguaje sigue siendo un campo en disputa.
Persisten inercias, resistencias, simplificaciones. Hay quienes consideran que estas discusiones son excesivas, innecesarias o meramente ideológicas. Otros, desde distintos lugares, asumen posiciones de autoridad sin el debido rigor o sin apertura al diálogo. Entre unos y otros, el riesgo es el mismo: que el lenguaje deje de ser puente y se convierta en frontera.
Por eso, la pregunta no es solo cómo hablamos, sino desde dónde hablamos y con qué responsabilidad.
La ética del lenguaje exige equilibrio. Ni el activismo puede prescindir del rigor, ni el conocimiento técnico puede clausurar la experiencia vivida. Ni la academia puede hablar en abstracto sin escuchar a quienes encarnan las realidades, ni las voces ciudadanas pueden ser desestimadas por no ajustarse a cánones formales. El idioma se construye en esa tensión, no en la imposición de una sola voz.
En este punto, la ética periodística resulta clave. Como enseñó Javier Darío Restrepo, el periodismo no es solo informar: es orientar con responsabilidad, con rigor, con respeto por la dignidad humana. Es mirar “desde la copa del árbol”, con perspectiva, sin perder de vista el suelo donde están las personas.
En esa línea se inscribe la apuesta de una guía periodística para informar sobre discapacidad que no busca censurar palabras, sino afinar la conciencia sobre su impacto. Porque nombrar mal no es un error inocente: es una forma de maltrato simbólico. Y nombrar bien es un acto de reconocimiento, de dignidad, de ciudadanía.
Pero hay un desafío adicional, quizás el más importante: que este lenguaje no sea solo adoptado por instituciones, medios o expertos, sino apropiado por las propias personas con discapacidad. No como una imposición, sino como una herramienta de poder, de autoafirmación, de participación en la construcción del discurso público.
El idioma, como lo demostraron Shakespeare y Cervantes, no pertenece a una élite. Pertenece a quienes lo usan, lo transforman y lo disputan. Es lengua viva, en permanente evolución.
Por eso, cada 23 de abril no debería ser solo una celebración literaria, sino una invitación política: a atrevernos con el lenguaje. A revisarlo, a cuestionarlo, a enriquecerlo. A hacerlo más preciso, más justo, más humano.
Porque al final, no se trata solo de palabras.
Se trata de qué mundo estamos nombrando. Y de cuál estamos dispuestos a construir.
Escrito por Oscar Saúl Cortés Cristancho
Comunicador social periodista
Magíster en Estudios Políticos
Autor de la guía periodística para informar sobre discapacidad
Capacidadenelpoder@gmail.com
