Fiel a su estilo de gobierno, Petro advirtió que si el Banco de la República continúa elevando las tasas de interés, responderá con un aumento adicional del salario mínimo. Y como siempre, se aseguró de que su advertencia fuera lo suficientemente amplificada para producir el efecto esperado. Como decían las abuelas; no da puntada sin dedal. Petro todo lo calcula como buen efectista que es, a sabiendas de que sus seguidores todo se lo celebran. Sabiendo del impacto que produjo en su resquebrajada imagen el alza del salario mínimo, en los finales días de diciembre, vuelve a estimular el interés de quienes lo reciben con la promesa de reajustarlo, una vez más, si el Banco Central continúa subiendo las tasas de interés. Petro ha tildado la postura del Banco como una “oposición suicida” manteniendo un fuerte enfrentamiento con su Junta Directiva por el aumento de las tasas, como el reciente que lo situó en 11.25%, como única manera de controlar la inflación y garantizar la estabilidad de precios a largo plazo. La ley 278 de 1996 es la norma que regula la concertación y fijación del salario mínimo. De acuerdo con el artículo 8, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (integrada por delegados del Gobierno, los empleadores y trabajadores) debe reunirse anualmente para negociar y acordar el salario mínimo que regirá durante el año siguiente. La ley colombiana señala que de no lograrse un acuerdo por el comité tripartito de productividad que coordina el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, a más tardar el 30 de diciembre de cada año, el Gobierno lo determinará bajo precisas medidas, no contemplando la posibilidad de reajustarlo nuevamente. Luego la intervención del gobierno por fuera de la fecha señalada, carece de habilitación normativa, salvo que el Congreso expida una nueva ley o se declare una emergencia económica bajo la cual se expediría el decreto que iría a revisión de la Corte Constitucional. Bien sabe Petro de su inconstitucionalidad, pero para él, lo importante es proponerlo a pocos días de la elección presidencial para comprar conciencias; “porque él es un presidente del pueblo que lucha y trabaja por los más desfavorecidos”. Esta nueva propuesta, sumada a las barbaridades que a diario comete, en la creencia de que con ellas afianza su permanencia más allá del 7 de agosto de este año con su heredero Iván Cepeda, antes, por el contrario, motivarán la inesperada participación del mayor número de colombianos que, con una abstención mínima nunca antes registrada, le dirán a la izquierda del siglo XXI, que Colombia no es tierra fértil para continuar este fallido proyecto que está llegando a su fin en las democracias del mundo. Nombrar bandidos como Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina en dos de los cargos más importantes del sector público en salud, exalcaldes altamente cuestionados en Medellín y Cali, profundiza el riesgo de la crisis humanitaria en el sistema y nos envía el mensaje de que lo que se quiere es arrasar del todo, pues como lo denunció Angie Rodríguez, exmano derecha de Petro al prender el ventilador: “La Casa de Nariño está llena de bandidos en busca de poder y plata. Muchos están convencidos que la presidencia la perderán con Iván Cepeda, por lo que solo les interesa exprimir el país para salir con los bolsillos llenos”. Habrá que creerle.
Alberto Zuluaga Trujillo. Alzutru45@hotmail.com
