Colombia es un Estado laico, pero eso no significa que sea un Estado sin Dios. Esta afirmación, que para algunos puede parecer contradictoria, en realidad expresa con claridad el verdadero sentido de la libertad religiosa consagrada en nuestra Constitución. La laicidad no significa expulsar a Dios de la vida pública, borrar las expresiones religiosas de la sociedad ni obligar a los ciudadanos a guardar silencio sobre sus convicciones. Significa que el Estado no adopta una religión oficial y, precisamente por ello, debe garantizar a todos el derecho a creer, a no creer, a cambiar de religión y a expresar libremente sus convicciones sin discriminación.
Una democracia verdaderamente plural no necesita ciudadanos sin fe, sino instituciones capaces de respetar todas las formas legítimas de creer y de pensar. Un católico tiene derecho a manifestar públicamente su fe; un cristiano evangélico también; un judío, un musulmán, una persona perteneciente a una espiritualidad ancestral o indígena, y de la misma manera quien no cree en Dios. La libertad religiosa no puede reducirse a permitir que cada persona crea en privado, siempre y cuando no diga nada en público. La fe, por su propia naturaleza, tiene también una dimensión comunitaria, cultural y social. Se expresa en palabras, símbolos, celebraciones, oraciones, procesiones, tradiciones y formas concretas de comprender la existencia.
El problema comienza cuando la sociedad aplica un doble rasero. Cuando algunas expresiones religiosas son celebradas como manifestaciones culturales legítimas, mientras otras son vistas automáticamente con sospecha. Si defendemos las ceremonias ancestrales de nuestros pueblos indígenas, debemos defender también la celebración pública de una plegaria. La justicia no puede decidir qué espiritualidades merecen ser protegidas y cuáles deben ser silenciadas. La libertad religiosa pierde su sentido en el instante en que comienza a depender de quién profesa la fe o de qué tan aceptable resulte esa fe para determinados sectores sociales.
Un servidor público no deja de ser creyente cuando entra a una institución. Puede profesar una religión, asistir a sus celebraciones, expresar sus convicciones personales y agradecer a Dios, siempre que no utilice el poder de su cargo para imponer su fe, discriminar a otros o convertir una institución pública en patrimonio exclusivo de una confesión.
La libertad religiosa supone precisamente que el Estado no entre a gobernar la conciencia de las personas. Por eso una sociedad plural no es aquella donde nadie menciona a Dios. Es aquella donde el creyente puede decir “yo creo” y el no creyente puede responder “yo no creo”, y ambos continúan reconociéndose como ciudadanos con la misma dignidad y los mismos derechos. El pluralismo no consiste en silenciar todas las voces para evitar diferencias. Consiste en permitir que las diferencias puedan convivir sin convertirse en motivo de persecución.
Colombia necesita comprender nuevamente esta diferencia. La laicidad no es hostilidad contra lo religioso. No es ateísmo institucional. No es expulsar crucifijos de la conciencia de los ciudadanos ni convertir la palabra Dios en algo prohibido en el debate público. La laicidad significa que ninguna religión gobierna el Estado y que el Estado, a su vez, protege la libertad de todas.
Por eso podemos decir con absoluta claridad: Colombia es un Estado laico, pero no es un Estado obligado a vivir como si Dios no existiera. Es un país donde ninguna autoridad puede imponerle al ciudadano qué debe creer, pero tampoco debería decirle que debe esconder aquello en lo que cree. Es un Estado donde cabe la cruz y también la ausencia de ella; donde cabe la Biblia y también quien jamás la abre; donde caben las espiritualidades ancestrales, las grandes tradiciones religiosas y también quienes construyen su vida sin referencia religiosa alguna.
La grandeza de una democracia no consiste en que todos pensemos igual. Consiste en que podemos pensar profundamente distinto y, aun así, reconocernos iguales ante la ley. La verdad no necesita doble rasero. La libertad tampoco. La justicia debe proteger a todos por igual.
Padre Pacho
