Bogotá, D. C., 11 de abril de 2026. En la sede de la Corte Suprema de Justicia se llevó a cabo una reunión interinstitucional para analizar la crítica situación de hacinamiento en las cárceles del país, que también afecta estaciones de policía y sedes de la Fiscalía. El encuentro reunió a las principales autoridades judiciales, de control y del gobierno local, con el propósito de fortalecer la articulación estatal y avanzar en soluciones conjuntas.
Coordinación y avances
Durante la jornada se revisaron los progresos alcanzados en iniciativas como las brigadas jurídicas, la aplicación de la Ley de Utilidad Pública, el fortalecimiento de modelos de atención al ciudadano y la presencia institucional en las regiones. Estas acciones han sido impulsadas por la Corte en coordinación con la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación.
Participantes
Entre los asistentes estuvieron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez; el presidente de la Sala de Casación Penal, Carlos Roberto Solórzano Garavito; la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses Mosquera; el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar; Fredy Hernando Ibarra Martínez, presidente de la Sección Tercera del Consejo de Estado; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón; la vicedefensora del Pueblo, Paula Cristina Aponte Urdaneta; y el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco.
Conclusiones
Las instituciones identificaron acciones individuales y propuestas conjuntas para enfrentar la problemática estructural del sistema penitenciario. Se destacó la necesidad de:
- Revisar la política criminal y de seguridad, armonizándola con la política carcelaria.
- Definir competencias y recursos de las entidades territoriales en materia penitenciaria.
- Compartir reportes entre INPEC, Policía y Consejo Superior de la Judicatura para fortalecer los sistemas de información de la Defensoría (Aurora, Celeste y María).
El magistrado Lenis Gómez subrayó la importancia de un trabajo armónico que permita soluciones prontas y duraderas. Hubo consenso en que el seguimiento permanente de la Corte Constitucional, desde la declaratoria del estado de cosas inconstitucional en 1998, debe ser reforzado con acciones coordinadas y sostenibles.
