Pereira lleva décadas hablando sobre la importancia de fortalecer el control físico o urbano en el territorio, es decir, la vigilancia para prevenir la ocupación ilegal de predios privados o públicos y la verificación del cumplimiento de la norma de los planes de ordenamiento territorial en los procesos de construcción.
Esta semana en el Concejo Municipal se debatió el tema y se discutió la posibilidad de convertir la dirección operativa de Control Físico, que hace parte de la secretaria de gobierno, en una secretaria independiente, como lo fue antes de la reestructuración administrativa del año 2001.
En el año 2016, el municipio adelantó otra reforma a su estructura administrativa y se analizó esa posibilidad, también la alternativa de realizar un convenio con la Sociedad Colombiana de Arquitectos para realizar las labores de control físico.
Ninguna de las dos posibilidades fue viable porque ese año entró en vigor la Ley 1801 o Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana que le asignó la competencia del control urbano a los inspectores de policía en las zonas urbanas y a los corregidores en las rurales.
Adicionalmente, el nuevo Código de Policía, a través del artículo 81, estableció que la Policía Nacional puede impedir la ocupación o expulsar a los invasores de bienes inmuebles de uso público o privado dentro de las 48 horas siguientes a la ocupación de hecho.
La dependencia encargada de coordinar con los organismos de seguridad y de administrar todo lo relacionado con Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana es la secretaria de Gobierno. La dirección operativa de control físico es un área de apoyo técnico para el control físico en las zonas urbanas y rurales.
Considerando el marco jurídico vigente no se justifica crear nuevamente un Secretaría de Control Físico. Lo que se requiere es fortalecer las capacidades de quienes hoy tienen las competencias para hacerlo, es decir, los inspectores y corregidores y la Policía Nacional, ambos están en los barrios y en las veredas.
El municipio debe invertir más para garantizar un mejor control físico, incluyendo, entre otros, la capacitación del recurso humano y el apoyo logístico y tecnológico. Los inspectores, los corregidores y la Policía Nacional deben contar con todas los instrumentos necesarios para tener una mayor capacidad de reacción, control y seguimiento a las ocupaciones y construcciones ilegales en predios privados y públicos.
Una buena tarde.
Si la Ley dice que es la Policía Nacional y los Corregidores Urbanos y Rurales, se puede fortalecer el equipo de trabajo contratando a los profesionales de la SCA Regional Risaralda. De hecho, se tiene el pleno conocimiento técnico y de Normatividad para la Ciudad y el Área Metropolitana, realizando el Plan de Gestión qué garantice el manejo de los espacios Públicos y Privados
De acuerdo, los problemas no se solucionan con más burocracia, habría que apelar a la tecnología, a la formación del personal encargado de esta labor y a la consciencia de los funcionarios para asumir su responsabilidad con criterio ético y favoreciendo el interés común sobre los intereses particulares; es decir, propendiendo por la defensa de lo público, con criterios amparados en el comportamiento ético.
En el mercado hay plataformas tecnológicas que a través de monitoreo satelital realizan en tiempo real monitoreo de los cambio en los predios.,