Por Humberto Tobón*
Hace algún tiempo me pidieron imaginar cómo sería Risaralda en 2050. Confieso que la tarea me abrumó. Aunque he escrito numerosos documentos técnicos sobre planeación regional y nacional, este encargo resultó especialmente desafiante. Abordé la sofisticación de la agroindustria, la competitividad logística, las industrias creativas, los servicios, los activos ambientales y el cierre de las brechas territoriales entre el área metropolitana y los municipios del occidente.
También señalé varios riesgos que podrían frenar el desarrollo territorial: el envejecimiento de la población, el rezago tecnológico, la dependencia del café, la salida de profesionales cualificados y las amenazas ambientales, en particular las sísmicas.
El panorama que entonces tracé a partir de datos y tendencias hoy es muy distinto. La realidad fue alterada precisamente por uno de los riesgos mencionados: la sismicidad. Por la historia de estos eventos, sigue siendo previsible que la posibilidad de un terremoto permanezca latente en cualquier matriz de riesgos para el desarrollo territorial.
Ante las consecuencias del terremoto en Risaralda y las estremecedoras cifras de destrucción en todos sus municipios, la visión de futuro cambia de manera drástica. La prioridad ahora es la reconstrucción, pero no cualquier reconstrucción, una que reactive el desarrollo integral del departamento.
Risaralda tiene hoy poco más de un millón de habitantes. La mayoría vive en la conurbación Pereira–Dosquebradas, responsable de cerca del 75% del PIB departamental. Le siguen Santa Rosa y La Virginia, con cierto desarrollo económico y perspectivas relevantes en turismo y logística, respectivamente. Los otros diez municipios reúnen alrededor de 150 mil habitantes: algunos tienen actividad comercial; otros, potencial turístico o vocación agrícola; y varios apenas consiguen sostenerse fiscalmente y registran altos niveles de pobreza. En estos últimos se concentra una proporción importante de población indígena y afrodescendiente.
Risaralda no es un departamento homogéneo. Sus diferencias socioeconómicas y ambientales son evidentes, y las brechas de desarrollo siguen creciendo porque la inversión pública y privada, al igual que la oferta de servicios, se concentra en la conurbación Pereira–Dosquebradas.
Por eso, construir una visión de Risaralda hacia 2050 exige, ante todo, transformar de manera profunda el funcionamiento de la estructura administrativa y desconcentrar su operación. No tiene sentido que, en este departamento, como ocurre en el resto del país, todas las funciones del gobierno departamental permanezcan en la capital y reproduzcan el centralismo del modelo nacional.
La equidad territorial será más viable si cada entidad opera donde más se necesita: la Secretaría de Agricultura, en el municipio que concentre mejor la producción y comercialización de alimentos; la de Cultura, donde esta actividad sea más destacada; la Dirección de Minas, en la zona minera; la empresa de servicios públicos, desde el territorio que permita brindar mejor asistencia técnica; y la empresa de desarrollo urbano y rural, desde un municipio capaz de extender apoyo técnico y control de la inversión. Lo mismo debería ocurrir con la Dirección de Ambiente, ubicada donde existan mayores potencialidades ambientales; la División de Asuntos Étnicos, donde habiten estas comunidades; y las direcciones de Turismo y Asistencia Municipal, cuyos funcionarios y contratistas deberían estar presentes en todos los municipios, no concentrados en una oficina de Pereira. En suma, las oficinas deben estar donde hacen falta.
Cuando esto ocurra, será posible avanzar con mayor eficiencia y seguridad en asuntos decisivos para el futuro de todo Risaralda, y no solo del área metropolitana y Santa Rosa de Cabal. También aumentarán las posibilidades de que la empresa privada llegue a territorios tradicionalmente olvidados, al encontrar una institucionalidad sólida, con una gobernación y unas alcaldías capaces de liderar procesos e impulsar proyectos.
Un modelo de desarrollo descentralizado y desconcentrado, respaldado por la educación superior, como ya lo hace la Universidad Tecnológica de Pereira al ofrecer programas tecnológicos directamente en los municipios, incentivaría un salto cualitativo en productividad y competitividad. La innovación sería la base para aprovechar sectores con gran potencial, como la logística, la agroindustria, el turismo y las tecnologías.
Una transformación de esta magnitud no será sencilla ni inmediata, pero es necesario comenzar. Este puede ser el momento. Las circunstancias adversas provocadas por el terremoto obligan a pensar de otra manera.
*Economista y Periodista
