“Fuera la Virgen del Carmen”

La Corte Constitucional, bajo un fallo que algunos consideran histórico, ordenó retirar una imagen religiosa, la virgen del Carmen considerada como la patrona de los conductores, de una entidad de Tránsito y Transporte, en Florida Blanca Santander, como una forma de aplicar los principios del Estado laico. Este dictamen se produce, a raíz de una acción de tutela presentada por una empleada de dicha entidad, bajo el argumento, que esa imagen de yeso, estaba vulnerando sus derechos fundamentales a la libertad de conciencia, a la libertad de cultos, a la igualdad y al principio de neutralidad del Estado en materia religiosa.

La Corte argumentó que no le es permitido vincular sus manifestaciones de fe a la institución que representan, para favorecer, adherir o manifestar una preferencia a la religión o culto que a título personal profesan. Además, destaca la Corte que el Estado debe abstenerse de comportamientos que favorezcan o agraven injustificadamente símbolos u objetos de veneración vinculados a diferentes sistemas de creencias.

Es claro considerar que, hoy el laicismo tiende a convertirse en una nueva religión, queriendo sustituir una antigua teocracia por una nueva ideocracia. Un Estado civil sin Dios, con una estrategia para lograr su posicionamiento, amparado en su Constitución, confinar cualquier creencia, a la conciencia individual, al ámbito de lo privado, so pretexto que con ello protege el ámbito público y salvaguarda el bien común.

El estado laicista, nacido del pensamiento renacentista, pretende, bajo el lema de “libertad e igualdad” imponer una independencia de un hombre autosuficiente para gobernarse, con total autonomía; sin condicionamientos morales o religiosos; capaz de conocerse a sí mismo, en una sociedad que se basta a si misma sin esclavitudes ni creencias.  

Estado laicista, apelando a su neutralidad, pone en peligro la libertad religiosa, convirtiéndose así en confesional, al no conceder espacio público a la fe. Todo un clericalismo por lo civil, en el que, por la vía del consenso, establece unos nuevos principios éticos a la sociedad.

El estado no es un ente deshumanizado, lo componen ciudadanos, que sienten y creen en su mayoría. Un estado que, siendo aconfesional, debe salvaguardar la cooperación del poder público y el orden religioso, cuyo papel esencial e insustituible es la construcción de la vida social, donde se permite la opción libre de creer. Un estado que, siendo laico, no es contrario a una Constitución, que ordena, la intervención entre el poder público y el orden religioso.

El Estado debe velar y salvaguardar, la dignidad, de quienes tienen y exigen sus derechos. Aunque el principio de laicidad separe los papeles entre Iglesia y estado, y ello es válido, no debe negarle al elemento religioso, su papel esencial e insustituible de velar, por la dimensión espiritual del ser humano. Un estado laico está separado de cualquier Iglesia y actúa de modo autónomo, desarrollando su pensamiento de modo racional, pero sin excluir la dimensión religiosa y sobrenatural.

Hoy se tiene una falsa interpretación de laicidad entendiéndola como exclusión de la religión de los diversos ámbitos de la sociedad y como su confín en el ámbito de la conciencia individual.

En su preámbulo nuestra constitución hace alusión a Dios, luego no es un estado ateo, agnóstico o indiferente ante los sentimientos religiosos; aunque por constitución le sean respetados a todos los credos sus derechos y el estado se declare no confesional, ello no lo hace aconfesional, ya que respeta y valora una cultura cristiana y el reconocimiento de la religión católica en el seno de la comunidad nacional, como lo ha establecido el concordato entre Colombia y la Santa Sede en la ley de 1974.

La ley 133 en el artículo 19 de la Constitución política declara que el estado garantiza la libertad religiosa y aunque ninguna confesión religiosa será oficial; consigna, que las autoridades adoptaran las medidas necesarias que garanticen la asistencia religiosa ofrecida por las Iglesias y confesiones religiosas de sus miembros, cuando ellos se encuentren en establecimientos públicos, militares, hospitalarios, educativos, penitenciarios y otros bajo su dependencia. Esto clarifica que si una dependencia del estado es mayoría católica puede exigir que en su institución estén los símbolos que los identifican por su condición religiosa.

Lastimosamente la Corte Constitucional, que dice llamarse la “Guardian de la Constitución”, encargada de velar por el respeto y el cumplimiento de la “Constitución Política”, no tenga claridad en el espíritu de la ley en lo referido a “libertar religiosa”, lo que implica que, nuestros Magistrados, no sean precisos en sus decisiones judiciales, frente a los derechos constituciones de las mayorías.

Padre Pacho