GRADUADO DE ENEMIGO PÚBLICO: EN NUESTRA JUSTICIA PIERDE EL QUE SE CANSE PRIMERO.

Se ha conocido denuncia anónima remitida el pasado 31 de julio a la Fiscal y Procuradora General y medios de comunicación, donde funcionarios de la Fiscalía Regional ponen en conocimiento hechos de “corrupción y decisiones ilegales de Fiscales y tráfico de influencias en Risaralda”. Ese texto contiene entre otras afirmaciones, que la imputación de cargos hecho a mi señora, de manera exprés en pasados días, fue una petición que hiciera un alto funcionario, “que es mi enemigo político”, por una denuncia por corrupción que presenté contra su cónyuge hace algunos años, la cual nunca prosperó, y aparece siempre en el SPOA inactiva, cuando gerenció una importante empresa, la cual entregaron acabada.

Ese hecho, pudo ocurrir presuntamente, lo que a mi juicio es normal, pues en el devenir en la vida pública, y en corporaciones de elección popular, con el único fin de cumplir fielmente las funciones establecidas en la Constitución, rechazando cualquier utilización del cargo para lucro personal u otros intereses mezquinos, que no sean los de defensa de las instituciones y de los ciudadanos, estamos propensos a sufrir acosos judiciales sin ningún fundamento, o ataques de ciertos sectores de la prensa, amanuenses de los que gobiernan, o en muchos casos amenazas o atentados contra nuestra integridad personal. Que ya he vivido.

En 1995 ocupé por primera vez un escaño en el Concejo de Pereira, asumiendo de lleno la defensa de los ciudadanos, y proseguir con la denuncia de la gran corrupción que azota hace décadas nuestra nación y en particular nuestro terruño. En ese momento muchos sectores políticos entre dientes rechazaban mi elección, pues sabían que era una persona no negociable.

En este período fui objeto de una solicitud de pérdida de investidura, que fue negada, y un atentado en una marcha que se iniciaría en sector del Parque de Banderas, donde perdí mi dentadura inferior. Ninguna autoridad investigó este grave hecho, y solo quedó como un macabro mensaje de la corrupción local. En el segundo período en el Concejo en 1998 y como Diputado en el 2001, fui férreo defensor del ciudadano del común. Rechazamos todas las privatizaciones de las Empresas de Servicios Públicos, y denunciamos toda la corrupción alrededor de los procesos de privatización y destino de los recursos obtenidos. No se vieron acciones concretas de la justicia. La impunidad en la justicia es nuestra marca.

Demandamos el Acuerdo Municipal del 2014 en el gobierno de Enrique Vásquez, que decretó obras de valorización, había sido expedido irregularmente. Organicé a la ciudadanía y triunfamos. Nadie puede decir que dejé a la gente sola. En el 2016 fui elegido nuevamente al Concejo. Fui objeto de amenazas y solicitud de pérdida de investidura, negadas en 1ª y 2ª instancias. Dediqué ese período a defender a los ciudadanos. Alerté y denuncié graves actos de corrupción del gobierno de Juan Pablo Gallo, la justicia local hizo mutis por el foro, hoy la ciudanía asiste a un proceso penal contra el exalcalde Maya, impuesto por Gallo de manera fraudulenta y se ha podido constatar que la contratación es el medio idóneo para sustraer recursos públicos.

Como ciudadano del común vengo siendo objeto desde el 2021 de una persecución implacable. El origen fue coadyuvar una Acción Popular en defensa del patrimonio público por la compra que la Contraloría General de la República, (CGR) realizó de un edificio abandonado ubicado en el sector de la Avenida Longitudinal con calle 42 y la contratación de obras de adecuación con el mismo vendedor a dedo. La primera instancia nos fue adversa, después de un largo proceso. Se pretendió desde el principio acallarme mediante las viejas artimañas de la politiquería. Como no lo lograron, emprendieron denuncias ante la Fiscalía acusándome entre otros delitos de interés indebido en la celebración de contratos. Pero de manera paralela, aprovechando esta persecución, a mi señora, de manera irregular, le hurtaron las acciones de una sociedad, sin que nos enteráramos. Han transcurrido más de tres años de este ilícito, sin que el proceso avance y se haga justicia.

Cuando la Fiscal del caso citó por tercera vez a imputación de cargos a las personas denunciadas, radicaron recusación contra esta funcionaria, la cual debía ser resuelta en un plazo no mayor de tres días. Se demoraron al menos 45 días aceptando la recusación. No conocemos los fundamentos de la misma. El caso se le asignó a otro Fiscal, lo cual conllevará más impunidad, demora y violación de los derechos de mi núcleo familiar. La imputación a mi cónyuge fue por la radicación de varios derechos de petición ante el representante legal de la sociedad, los cuales fueron negados de manera sistemática. En este caso, sin ser llamada a entrevista, en 5 meses se le imputaron cargos, y al día siguiente el fiscal del caso entregó el despacho.

Como he sido graduado de Enemigo Público por la politiquería local, ante la ausencia de justicia, y la indefensión en que me encuentro, he decidido solicitar la vigilancia de la Fiscalía General en Bogotá sobre nuestro proceso, y emprender la denuncia ante organismos internacionales. No me voy a dejar enterrar de la impunidad y politización de la justicia local. La pronta y cumplida justicia no puede tener colores, estratos sociales, religiones o banderas.