La reciente decisión de la Corte Constitucional de avalar parcialmente la declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo ha dejado un sabor profundamente amargo en el paladar de la democracia colombiana. No solo se trata de una medida excepcional que restringe las libertades ciudadanas, sino que además revela una preocupante tendencia del Ejecutivo a instrumentalizar las herramientas constitucionales para sus propios fines, sin importarle las consecuencias adversas para la economía.
El gobierno nacional justificó la conmoción interior como una respuesta necesaria a la intensificación de la violencia y la crisis humanitaria. Sin embargo, esta justificación esconde un cálculo político perverso: la necesidad desesperada de recaudar impuestos que el Congreso, legítimo representante de la voluntad popular, se negó a aprobar. Específicamente, el IVA a los juegos de suerte y azar online, una medida que fue rechazada de plano por el Senado tras un debate que evidenció su inconveniencia y su impacto negativo en un sector ya de por sí vulnerable. El gobierno, en un acto de descarada arrogancia, decidió entonces acudir a la conmoción interior para saltarse al legislativo, demostrando un desprecio absoluto por la separación de poderes.
El “mico” que el Ejecutivo le colgó a la Conmoción Interior aparece en el Decreto 0175 de 2025, en el cual adoptó medidas tributarias. Si bien el estado de conmoción interior en el Catatumbo ya fue levantado mediante el Decreto 467 de 2025, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha aclarado que las medidas tributarias adoptadas en el siniestro Decreto, incluyendo el IVA a los juegos de azar online, mantienen su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
La Constitución Política es clara al establecer que los estados de excepción no pueden utilizarse para resolver problemas estructurales o crónicos. No obstante, el gobierno, en un alarde de cinismo, ha encontrado en la conmoción interior una vía para eludir el control del poder legislativo y pisotear su agenda fiscal.
Es cierto que la situación en el Catatumbo es crítica y requiere atención urgente. Pero, ¿era realmente necesario acudir a una medida tan extrema como la conmoción interior? ¿No existían otros mecanismos ordinarios para enfrentar la crisis y garantizar la seguridad de la población? La respuesta es un rotundo sí. El gobierno, en lugar de buscar soluciones a través del diálogo y el consenso, optó por el camino fácil del autoritarismo, demostrando una vez más su desdén por las instituciones democráticas y una creciente indiferencia por los efectos adversos en materia de generación de empleos y bienestar de miles y miles de familias que, en este caso, derivan el sustento de la actividad de los juegos de suerte y azar.
La sentencia de la Corte deja un sabor profundamente amargo. Si bien avaló la conmoción interior, también estableció límites y recordó que esta medida no puede utilizarse para resolver problemas estructurales. Pero estas palabras suenan vacías ante la contundencia de los hechos. Queda ahora en manos del Congreso y de la sociedad civil ejercer una vigilancia implacable para que el gobierno no desvirtúe el espíritu de la Constitución y utilice la conmoción interior como un mero instrumento para imponer su agenda. La democracia colombiana, hoy más que nunca, se encuentra en una encrucijada.
Un aspecto particularmente preocupante del IVA a los juegos de suerte y azar online valiéndose de una figura constitucional excepcional, es el grave riesgo que representa para la supervivencia de esta industria en Colombia. Al gravar de manera tan desproporcionada a los operadores legales, el gobierno los pone en una situación de desventaja competitiva insostenible frente a los operadores extranjeros, que no están sujetos a la misma carga fiscal. Pero el peligro no se limita a la competencia desigual. Peor aún, esta medida abre las puertas de par en par a los operadores ilegales, que proliferan en el país y ofrecen sus servicios sin ningún tipo de garantía para los usuarios. El resultado es un mercado distorsionado, en el que los operadores legales se ven asfixiados por los impuestos, los operadores extranjeros se benefician de un trato preferencial y los operadores ilegales se mueven a sus anchas, poniendo en riesgo la estabilidad económica del sector y la seguridad de los jugadores.
Al aplicar este impuesto directamente sobre el depósito que realiza el jugador se genera una percepción inmediata de pérdida, ya que el usuario, antes de realizar cualquier apuesta, observa una disminución del 19% en su inversión inicial. Esta merma inicial reduce significativamente el atractivo de la plataforma online para el jugador, desincentivando la participación y alterando la dinámica económica fundamental del juego.
Esta situación puede desencadenar una migración masiva de usuarios hacia plataformas que no estén gravadas con el Impuesto al Valor Agregado. Ante la imposibilidad de las empresas de juegos online de absorber continuamente el IVA, y trasladarlo al jugador, este buscará alternativas donde su dinero rinda más. La única beneficiada de la migración sería la oferta de juegos online ilegales, que al operar fuera del marco regulatorio, podría ofrecer condiciones más atractivas en términos de costos para el usuario. Asumir el IVA se convierte en una estrategia de los operadores por retener a toda la base de usuarios que ha sido cultivada con tanto esfuerzo e inversión, para evitar que migren hacia la oferta de juegos online ilegales, que se convertiría en la única beneficiada; pero es una carga económica tan gigante que puede resultar insostenible.
Por otro lado, el IVA genera la pérdida de jugadores VIP o de alto valor, lo cual representa un riesgo crítico para la industria. Estos usuarios, que se caracterizan por realizar depósitos de mayor cuantía, son particularmente sensibles al impacto del 19% del IVA, ya que la deducción representa una suma considerable. Son los primeros en buscar opciones internacionales que cumplan con sus expectativas y que ofrezcan mejores condiciones económicas. Dado que sus promedios de depósitos hacen que el impacto del 19% sea considerable, su migración podría tener consecuencias significativas en el negocio.
La implementación de un impuesto que carece de fundamentación técnica y que atenta directamente contra el modelo de negocio podría proyectar al país como un entorno de inestabilidad jurídica. Esto, a su vez, llevaría a que varias empresas decidan abandonar el mercado. Es igualmente relevante considerar a aquellos operadores que realizaron inversiones bajo contratos establecidos con Coljuegos, los cuales incluían condiciones específicas que han quedado sustancialmente alteradas. La introducción repentina de un impuesto anti-técnico y perjudicial para el modelo de negocio afecta la confianza de los inversionistas y compromete el futuro del sector el azar en su conjunto.
En resumen, el gobierno colombiano utilizó la Conmoción Interior como una máscara tras la cual se ocultó para habilitar la aplicación del IVA a los juegos de azar online, medida que había sido previamente descartada en el Congreso de la República. Esta acción pone en jaque la estabilidad de un sector económico de gran importancia para Colombia, que contribuye significativamente a la financiación del sector salud, tal como lo establece el artículo 336 de la Constitución Política.
Juan Fernando González Giraldo
Es que la DEMOCRACIA en este momento en Colombia, YA NO EXISTE.