Nuestra sociedad retrocede a pasos gigantes. No es sino mirar el lucro desenfrenado, la pérdida de valores, la codicia y el desprecio por la ley, de un sector de la sociedad. Hubo un tiempo en que Pereira se pensaba en función de todos, pero especialmente de los ausentes de derechos y oportunidades. En 1960, el Concejo Municipal, mediante el Acuerdo 50 y una generosidad imaginativa, aquellos concejales entendieron que el desarrollo de un pueblo no se mide solo por el cemento de sus condominios privados, sino por la dignidad de sus instituciones públicas. Fue así como se adquirió en un remate el predio La Julia, para sembrar las bases de la educación local. En su artículo primero cedieron a perpetuidad 57.152 M2 a la Universidad Tecnológica de Pereira; al Instituto Técnico Superior le entregaron 47.687 M2; y en su artículo tercero, otorgaron 62.447 M2 al Liceo de Pereira. Más de 160.000 metros cuadrados destinados por el derecho al saber, la ciencia y la dignidad social.
Sesenta y seis años después, esa herencia está siendo devorada por el silencio y la complicidad institucional y el apetito inmobiliario. El contraste es doloroso. Mientras que los lotes de la UTP y el ITS se transformaron en aulas que amplían la investigación y el saber de miles de jóvenes de clases populares, el globo donado al Liceo de Pereira sufrió una suerte trágica. Antes de ser liquidada esta institución en el año 2010, sus liquidadores asumieron facultades que la ley jamás les otorgó. Olvidando que la donación de 1964 estaba amarrada de forma indisoluble a un fin educativo, cercenaron del lote donado seis lotes de menor extensión, los cuales fueron vendidos a particulares. Hoy, donde debieron levantarse colegios, bibliotecas o laboratorios, se erigen tres conjuntos residenciales terminados, dos lotes expectantes y una torre de apartamentos en plena construcción. El remanente fue cedido a la UTP.
Esta infamia no es nueva, y mi voz no es la de un espectador advenedizo. En 1996, como concejal de Pereira, alcé la mano en solitario para votar un NO rotundo contra el acuerdo de desafectación que abrió la puerta a lo que hoy es el condominio Curacaví. Argumenté jurídicamente lo que obliga el artículo 6° de la Ley 9 de 1989: “los bienes de uso público y de equipamiento institucional no pueden cambiar su destinación a menos que sean canjeados por otros de igual o mayor extensión y características”. En esa sesión, mis colegas prefirieron ignorar la ley. El lote jamás fue reemplazado, como tampoco los otros cinco. El patrimonio público fue mutilado y la impunidad urbanística firmó su primer gran cheque en blanco.
Hoy vemos la negativa consecuencia de esa decisión ilegal: los otros cinco lotes ni siquiera se tomaron la molestia de pasar por el Concejo. Se vendieron al amparo de la tolerancia administrativa. Llevamos meses denunciando este despojo sistemático. Acudí directamente al despacho del Secretario de Planeación Municipal, le expuse los antecedentes y los argumentos legales que consagran la inalienabilidad de estos suelos y la ilegal licencia que permite la construcción de un edificio en uno de los predios, que además no respetó los retiros establecidos en el POT. El funcionario prometió acciones, investigaciones, respuestas. El resultado ha sido un silencio sepulcral, espeso e indolente. Las curadurías urbanas siguen otorgando licencias y la Alcaldía mira hacia otro lado, permitiendo que particulares usufructúen la tierra destinada a uso público. Nuestra voz parece perderse en la bulla ruidosa de una ciudad que corre detrás del negocio fácil y olvida su memoria.
Mi nuevo llamado es a despertar del letargo. El espacio público no es mercancía para ser subastada al mejor postor; es el patrimonio de todos. Permitir que estos predios, desprendidos de la donación efectuada al Liceo de Pereira, se convierta en tierra de lucro y especulación inmobiliaria, es aceptar que la Constitución en Pereira es letra muerta. No podemos tolerar que la indolencia oficial convalide el objeto ilícito de unas ventas ilegales. Exijamos la inmediata parálisis de la obra en construcción, y la reversión de los predios sin construir al municipio, y que el juez administrativo intervenga para salvaguardar “el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público”. Si los concejales de 1960 pensaron en una Pereira grande y educada, no permitamos que los gobernantes de hoy la reduzcan a una ciudad de privilegios privados construidos sobre las cenizas del bien común. Reclamar lo nuestro no es una opción; es un mandato que la ciudadanía no puede seguir postergando.
