Por: Daniel Silva Orrego
Desde hace varios años se ha venido denunciando cómo son utilizadas las Alcaldías del departamento de Risaralda para obtener votos amarrados, es decir, aquellos que son colocados por parte de los contratistas de prestación de servicios, a cambio de sostener y renovar su contrato bien sea en el mismo año o en la vigencia siguiente. Precarizando así aún más sus condiciones laborales y profesionales, porque de entrada debe recordarse que no cuentan con prestaciones sociales (primas, cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones), sino que, ahora también son obligados a actuar como operadores electorales, cuando muchos de ellos se han esforzado en estudiar su pregrado y tienen su título como mejor carta de presentación, sumado a quienes con esmero han logrado así mismo su formación de posgrado.
¿Y cómo opera la coacción a estos contratistas? De la siguiente manera, estas personas son obligadas a pasar su correspondiente listado de referidos (en muchas ocasiones familiares y allegados) para así demostrar su caudal electoral a los mandatarios de turno. Y es una práctica que con el pasar de los tiempos y el desarrollo tecnológico también ha buscado la manera de diversificar y mimetizar lo que en realidad es: un delito denominado constreñimiento al sufragante, contemplado en el artículo 387 del Código Penal.
Se pasó entonces de llenar casetas de acción comunal, salones de hotel y la plaza cívica Ciudad Victoria a tener la información sensible de miles de personas en bases de datos particulares (sin ningún control), e inclusive en plataformas desarrolladas exclusivamente para esta operación electoral, tal como ocurrió en las elecciones del 2019 para la Alcaldía de Pereira con la aplicación Kontacto, en la que se exigía incluir por lo menos 30 referidos por cada contratista.
Y precisamente la elección de Congreso de la República (Cámara y Senado) que está por verse el 8 de marzo próximo, no escapa a múltiples denuncias y quejas de las prácticas antes descritas, por cuanto desde el interior de la Alcaldía de Pereira se han venido manifestando no pocas voces de inconformidad por la constante presión ejercida a los contratistas en los últimos meses, para presentar sus correspondientes listados de referidos en apoyo a la esposa del mandatario local, María Irma Noreña. Pero como si fuera poco, no les exigen en esta ocasión treinta (30) referidos, sino sesenta (60). El Alcalde Mauricio Salazar debería como mínimo avergonzarse de esta situación, pues se eligió criticando precisamente lo que en su momento hizo Juan Pablo Gallo para imponer a Carlos Maya como sucesor, y resulta que ahora su administración es más voraz al momento de exigir los famosos referidos.
Y debe decirse que la coacción a los contratistas no se detiene solo con la presentación de los famosos listados de referidos, por el contrario, allí apenas empieza, porque mediante llamadas a cada uno de los sesenta (60) ciudadanos referenciados, proceden a constatar que efectivamente vayan a votar el 8 de marzo por María Irma Noreña al Senado. Y en caso de que se detecte que no lo harán, se le devuelve el listado al contratista correspondiente para que reemplace las personas que no contestaron “adecuadamente”. Esta oprobiosa practica y modus operandi ha generado inclusive cuadros de estrés y ansiedad en diferentes contratistas, quienes en muchas ocasiones no poseen la cantidad suficiente de personas para llenar el famoso listado.
Las múltiples denuncias públicas sobre esta coacción en la Alcaldía de Pereira, conllevaron a que la Procuraduría General de la Nación abriera una investigación contra el mandatario por posible participación en política, y así mismo solicitó que se designara un Alcalde Ad hoc en la ciudad[1] mientras se llevan a cabo las elecciones a Congreso de la República.
Sin embargo, debe precisarse para conocimiento de la ciudadanía que dicha figura de Alcalde Ad hoc puede terminar siendo solamente un saludo a la bandera, porque la persona que se designe en dicha calidad no reemplazará en la totalidad de funciones al Alcalde Salazar, si no solamente en los asuntos que se sometan a consideración del Comité de Seguimiento Electoral. Es decir, las demás funciones como el manejo del presupuesto del municipio (que para este año 2026 asciende a 1.8 billones[2]), la suscripción de contratos, el mando sobre secretarios de despacho y contratistas seguirá en cabeza de Salazar Peláez. Un escenario totalmente absurdo y que no genera transparencia electoral.
Ya veremos si la Procuraduría General no tendrá que acudir a otras medidas más contundentes y efectivas como la suspensión del cargo, tal como ocurrió con Juan Pablo Gallo en 2019, donde paradójicamente era Mauricio Salazar quien pedía garantías electorales.
[1] https://www.procuraduria.gov.co/Pages/procuraduria-solicito-nombrar-alcalde-ad-hoc-pereira-tras-aceptar-impedimentos-mandatario-campa%C3%B1a-esposa.aspx
[2] Acuerdo Municipal No. 33 del 10 de diciembre de 2025.
Cuando el interés propio domina, la equidad se pierde y el sistema legal se convierte en una herramienta de conveniencia en lugar de un pilar de rectitud. No se quejen! Mauricio se quejo en su tiempo y ahora lo lleva a cabo. No se puede luchar contra la corriente, la política es una trampa donde no deberían caer las personas con principios.
Esta actuación de los alcaldes se ha visto desde hace tres períodos atrás. No ha habido quien los pare, en el caso de Gallo, haciendo reuniones clandestinas y forzando a los bomberos de la ciudad de Pereira para que se fueran a reuniones con él. Ex.
Alcalde maya. Y ahora con Mauricio Salazar.
Debería existir una ley en donde candidatos a cualquier cargo público no tuvieron vínculos. Sentimentales ni familiares con ninguno. Que están encargos públicos
Este tipo de prácticas corruptas e infames presionadas en contra de la transparencia y coartando la libertad de decisión en el voto son totalmente repudiables en pos de la libertad y la decisión de cada ciudadano..
Terrible estrategia de manipulación cuando de elegir de manera responsable se trata.. y es evidente que está señora no está preparada para ni política ni intelectualmente pues quien busca la trampa como primer opción de elección, busca el lucro y la mentira para tomar decisiones relevantes para el pueblo.
De este tipo de gente está infestado el escenario político del país y es allí donde es obligación sufragar con la conciencia del deber ser ciudadano, no permitamos que este tipo de atrocidades políticas nos lleven a unos resultados electorales nefastos para nuestros propios intereses..
Sufragar con transparencia y responsabilidad permitirán resultado de beneficio para todo el pueblo y no para los mismos de siempre..
No acepten tamales, tejas, coimas, transporte, refrigerios, ni ningún tipo de estrategia o «colaboración» con votos; no le clavemos el cuchillo al futuro de los próximos 4 años de legislación política de Colombia, de sus departamentos y sus ciudades incluyendo capitales…
Votar libre es votar a conciencia….
Lastimosamente en estos casos denunciados con mucha anticipación los entes se control, no actúan de forma inmediata como tampoco con la contundencia necesario para frenar todas estas anomalías tan graves.
Es triste ver como juegan con la dignidad y los derechos de un trabajador/contratista que se ve obligado a apoyar a un candidato incluso sin compartir sus ideales, por temor a quedarse sin empleo y sin sustento para sus hogares… Y también triste que los empleos de las alcaldías pertenezcan solo a las personas que accedan a «politiquear» sin importar su nivel educativo, mientras los profesionales, los idóneo, los capacitados, los sacan por no «entrar» al plan de los candidatos
Practicas electorales denunciadas con mucha anticipación pero lastimosamente los entes de control no toman acciones efectivas y eficientes para la prevención y sanción de este delito, gracias colega por sus loables oficios.