TORRE DE PAPEL
Hubo una época en Colombia en la que hablar por radio y televisión no consistía simplemente en encender un micrófono y lanzar opiniones al aire. Existía la licencia de locutor, un requisito serio y riguroso expedido por el entonces Ministerio de Comunicaciones, hoy Ministerio TIC, que obligaba a quienes aspiraban a trabajar en medios masivos a prepararse académica y éticamente.
Para obtener aquella licencia no bastaba con tener buena voz o popularidad. El aspirante debía someterse a exámenes similares, en exigencia, a las pruebas ICFES actuales. Se evaluaban conocimientos sobre la vida nacional, actualidad política, cultura general, técnicas de expresión oral, correcto manejo del idioma y responsabilidad frente a la información. Después venía una evaluación presencial ante expertos del ministerio, maestros de locución, periodistas y académicos que determinaban si la persona estaba realmente capacitada para orientar opinión pública.
Muchos calificaban ese sistema como una limitación a la libertad de expresión. Sin embargo, quienes trabajamos en radio sabemos que aquella exigencia protegía precisamente a la sociedad. Se buscaba que la crítica fuera responsable, que las denuncias estuvieran sustentadas y que el micrófono no se convirtiera en arma de odio, manipulación o calumnia.
Hoy ocurre todo lo contrario. Cualquier persona con un celular y redes sociales se siente autorizada para destruir reputaciones, incendiar el debate político y manipular emocionalmente a miles de ciudadanos sin preparación ni responsabilidad alguna. Esa degradación del lenguaje y de la opinión pública se ha convertido en uno de los factores que alimentan la violencia política e ideológica que padece Colombia.
Por eso resulta interesante la decisión adoptada por el gobierno de China de exigir formación profesional o acreditación especializada a quienes pretendan influir sobre asuntos sensibles de interés nacional. Más allá de cualquier diferencia política, la medida abre un debate necesario: ¿puede cualquier improvisado orientar masivamente la opinión pública sin ninguna formación ética, académica o profesional?
Lo ocurrido recientemente con entrevistas políticas manejadas por jóvenes influencers sin preparación demuestra el enorme riesgo que enfrenta el país. Figuras políticas experimentadas, como Álvaro Uribe Vélez, terminan aprovechando la ingenuidad y falta de experiencia de estos comunicadores improvisados para convertir escenarios digitales en plataformas de agitación electoral.
Por eso Colombia necesita revivir mecanismos de certificación y responsabilidad para quienes trabajan en radio, televisión y plataformas de influencia masiva. No se trata de censura. Se trata de devolverle dignidad al ejercicio de comunicar y de entender que un micrófono no puede quedar en manos de la ignorancia, la manipulación y el fanatismo.
Porque cuando desaparece la responsabilidad en los medios, la democracia termina convertida en una frágil torre de babel.
