Recientemente la Contraloría General de la República publicó un informe sobre el estado actual de las nueve Entidades Prestadoras del Servicio de Salud (EPS) a cargo del Estado desde hace más de un año. Como era de esperarse la situación ha empeorado porque la solución a los problemas estructurales del sistema no depende de quien esté a cargo de las EPS. La gestión pública no es necesariamente ni mejor ni peor que la privada.
El gobierno nacional, ante la imposibilidad de sacar adelante la reforma a la salud, ha intervenido de manera arbitraria las EPS. Según el informe de la Contraloría General de la República las EPS a cargo del gobierno tienen deudas por más de $24 billones de pesos. El incumplimiento de los indicadores financieros y operativos de las EPS persiste. La EPS pública, la Nueva EPS es la más endeudada, con corte a abril de este año la deuda ascendía a los $9,2 billones de pesos.
Otras aseguradoras bajo el control del Estado registran un alto endeudamiento, entre ellas, Famisanar con un pasivo de $2,88 billones, Salud Total debe $2,69 billones, Coosalud 2,59 billones, Emmssanar $2,05 billones, Amet Salud 1,75 billones, Sura 1,35 billones, Savia Salud 1,22 billones, SOS 1,18 billones y Compesar 1,07 billones. Las deudas billonarias han crecido en las EPS intervenidas.
El informe de la Contraloría General de la República concluye que solo seis de las 29 EPS activas cumplen con tres indicadores de habilitación financiera como son el capital mínimo, el patrimonio adecuado y la inversión en reservas técnicas. Lo más grave de la situación es el bajo cubrimiento de las entidades que cumplen. Las EPS con habilitación financiera solo tienen una cobertura del 10,92% de los afiliados.
A lo anterior se suma que la siniestralidad promedio el año pasado fue de 110,1%, es decir, que los costos en salud superan los ingresos por Unidad de Pago por Capitación que es el valor que el Estado colombiano reconoce a las EPS por cada persona afiliada.
Por último, con la intervención del gobierno han aumentado las peticiones, quejas y reclamos un 23% anual, los ciudadanos están sufriendo un deterioro en la calidad y atención del servicio de salud. Bajo el control del Estado resultó más caro el remedio que la enfermedad.
