Edier Andrés Restrepo Arcila
Mientras el mundo “civilizado”, lo que mal plantean geopolíticamente como el primer mundo, se debate entre una educación crítica, basada en modelos dialógicos, humanos, transgresores y vinculantes, una apuesta por masificar el contexto funcional para los estudiantes, estableciendo la reflexión fundamental de lo qué es necesario aprender y lo qué es vital enseñar y no las aulas atestadas, sin condiciones dignas para entender el proceso de educar, acá, en la educación “milagro” es más perentorio y necesario la efectividad financiera y la alianza estratégica con privados quienes ven en los colegios una fuente de ingresos, sacrificando tajantemente la magnitud de un proceso pedagógico.
El informe «Education at a Glance 2026» de la OCDE, organismo que a través del consejo propio, aceptó a las malas a Colombia en el año 2018 bajo el cierre del mandato de Juan Manuel Santos, sostuvo que en el próximo cuatrienio habrá una crisis de educadores o docentes en el mundo, crisis que es evidente en este país por el desdén social y gubernamental en un lugar que paradójicamente necesita llegar a una sana educación, donde se nos permitiese legitimar las diferencias en el plano político.
Los maestros y maestras, aquellos que asumen el reto de ser formadores de una nueva ciudadanía, en donde afloren la independencia de pensamiento y acción, en una sociedad cada vez más tecno-colonizada y castrada por el auge masivo de medios digitalizados; estamos hoy en una encrucijada compleja entre en deber ser, la continuidad laboral y la inestabilidad emocional que solo un trabajo muy humanizado podría ofrecer.
Estar en el aula significa para todos aquellos que llegamos a “enseñar” una constante redefinición de delicadeza versada ante la necesidad de que seamos escuchados, interpretados y cobijados por un grupo de jóvenes que resisten con empuje viril, la llegada de la cultura a sus mentes. Un choque de generaciones que solo en el marco de la ética podría resolverse, en el pacto del buen trato y en el respeto por las luces y sombras que se dan en un aula de clase.
Según el informe de la OCDE, el problema de la ausencia de vocaciones para formar a las nuevas generaciones de niños, niñas y adolescentes – población cada vez más reducida-, impacta de manera diferente a cada sistema y en diferentes latitudes. Para el caso de Colombia, su evidencia la podría sintetizar en tres escenarios: 1. Poca relevancia social de nuestro trabajo, catapultado por estigmas propagandísticos difundidos desde el mismo gobierno, 2. Ausencia de políticas públicas que garanticen la eficacia de su rol transformador en relación a la cantidad de docentes que se necesitan para atender una cantidad de estudiantes y 3. La disyuntiva entre calidad educativa y cobertura efectiva.
El caso de la ruralidad merece una atención particular para el contexto colombiano. Las grandes distancias a cabeceras municipales principales, el acceso limitado de formación y cualificación para docentes, la ausencia de presencia estatal, vías de acceso precarias, violencia sectorizada, baja natalidad rural, la poca motivación por la formación científica en comunidades agrarias, la descontextualización formativa para estas zonas y el arraigo deficitario de los docentes con estas sociedades rurales, han hecho que las llamadas brechas, sean notorias, evidentes y radicales y cada vez los puentes que se puedan tender desde la política pública se perciben como quimeras, dadas las condiciones burocráticas de solución que hacen lecturas – y por supuesto leyes o decretos- erráticas del entorno, porque legislar desde el centro opaca abruptamente la periferia.
Tradicionalmente se ha asumido en lenguajes no formales que circulan por el sector, en una especie de historia no oficial, que la cualificación de docentes y directivos que están en la ruralidad no es comparable con las del centro; sin embargo experiencias exitosas en comunidades desfavorecidas, han demostrado que lo que se dice tan irresponsablemente es más un mito satanizador que una cuestión reivindicativa.
Estamos inmersos en un sistema educativo que, como es lógico, ha priorizado la atención a los estudiantes y que, en la mayoría de los casos, les ha brindado garantías para su formación integral, bajo principios de respeto y tolerancia. Asimismo, desde 2003, la calidad educativa ha ocupado un lugar central en el debate, especialmente en lo relacionado con la efectividad de los procesos de enseñanza y el desarrollo de competencias.
Sin embargo, mientras las normas ampliaban y fortalecían la protección de los estudiantes, especialmente de aquellos en condiciones de vulnerabilidad —a través del Código de Infancia y Adolescencia, las disposiciones sobre convivencia escolar y los sistemas de evaluación de los aprendizajes, entre otras—, la desprotección de los docentes se hacía cada vez más evidente. En muchos casos, la balanza terminó inclinándose en favor de los estudiantes, amparada en una interpretación del principio del interés superior del menor que, en la práctica, parecía dejar en un segundo plano los derechos y las garantías de los educadores, exponiendo la fragilidad ante a ley del adulto en el proceso formativo.
Hoy los maestros colombianos, en un amplio sentir, presentan altos índices de estrés acumulado, poca motivación por su labor, lapidación mediática sin precedentes y un sistema educativo desfavorable para su objetivo de enseñanza. Eso sin contar que de cada 10 docentes activos en carrera pública, entre dos o tres sobrepasan los 55 años, situación que agudiza su estabilidad en el sector y hace que la comunicación intergeneracional sea más difícil en un aula de clase.
La preocupación gira entonces en implementar estrategias de retención y bienestar laboral, sobre todo en el sector privado que merece una lupa más grande, fortalecer en los docentes el impacto del llamado salario emocional y garantizar el alcance de la felicidad en la rutina de su labor. El tema hoy, paradójico, no es de dinero o altos salarios -aunque si viene de paso, sería genial- sino de superar -según el informe- el 54% de docentes que sienten que son reconocidos, queridos y cambian vidas. Por eso la educación para todos no puede ser el “escampadero” laboral sino la lluvia que inunda de razones a la humanidad.
*Datos finales del informe para el caso de Colombia: inversión educativa que representa el 3,5% del PIB frente al 4,2% promedio de la OCDE para el año 2023, alta inestabilidad laboral para el 21% de los docentes, principalmente en el sector privado, menor cobertura en educación inicial, es decir, primera infancia y, una mayor carga horaria para los maestros colombianos, específicamente ocupamos el número cinco después de Escocia en promedio de horas anuales asignadas a la labor de formación, es decir, mayor cantidad de trabajo que redunda en mayor vulnerabilidad en la salud del cuerpo docente.
