Existe una grave situación que afecta directamente los derechos de los usuarios del servicio de acueducto de la empresa Aguas y Aguas, y de manera extensiva a todos los habitantes del área metropolitana. Se trata del aprovechamiento del recurso hídrico que realiza la Empresa de Energía de Pereira (cuyo 49% de acciones y control está en manos privadas) para la generación de electricidad en la Planta de Nuevo Libaré, sin que esta retribuya proporcionalmente por los costos de administración, rehabilitación, transporte y mantenimiento de esta infraestructura que utliza para su beneficio económico.
Para comprender la magnitud de este conflicto, es necesario remontarse a los orígenes del proyecto. En 1986, tras una parálisis de 11 días que dejó a la ciudad sin agua por el colapso del antiguo canal, las extintas Empresas Públicas de Pereira (EEPP) iniciaron la construcción del canal de aducción Nuevo Libaré. Inaugurado en 1994, este sistema mixto de 3.5 kilómetros de longitud y una sección de 2×2 metros, fue diseñado con un doble propósito: asegurar el suministro de agua potable y aprovechar los excedentes para la generación de energía, optimizando así la financiación del proyecto.
Sin embargo, el panorama cambió drásticamente con la Ley 142 de 1994 y el Acuerdo 30 de 1996, que ordenaron la escisión de las EEPP. En este proceso, la infraestructura del canal (bocatoma, desarenador, conducción y tanque de carga) fue asignada a la empresa de Acueducto, mientras que los equipos de generación quedaron en poder de la empresa de Energía. Lo que parecía una división técnica lógica escondía una trampa económica: “Aguas y Aguas” asumió la carga del mantenimiento y operación de un bien que Energía utiliza para lucrarse.
El nudo gordiano de esta injusticia reside en la interpretación de los títulos legales. Aunque en un comité de 1997 se planteó que la gratuidad para Energía duraría solo 10 años —sujeto a un contrato que nunca se firmó—, la liquidación final de las EEPP se selló con la Escritura Pública No. 3.399 de 2002, gobierno de Martha Elena Bedoya. En dicho documento, se concedió a la EEP una servidumbre gratuita y sin límite de tiempo, condicionada únicamente a la existencia de excedentes de agua. Esta cláusula ha sido el escudo de la empresa de energía para evitar el pago por el transporte del líquido.
Las cifras del desequilibrio son alarmantes. Se estima que, entre 2007 y 2025, la EEP ha captado y transportado a través del canal propiedad de los pereiranos un volumen de 1.415 millones de metros cúbicos de agua. A un precio medio estimado de $90 por transporte, esto representa un ahorro para los privados de aproximadamente $127.353 millones de pesos. Mientras la EEP vende esta energía en el mercado abierto con tarifas onerosas, son los usuarios del servicio de acueducto quienes, a través de sus facturas mensuales, financian la administración, rehabilitación y prevención de riesgos de un canal que también beneficia a particulares.
A pesar de la contundencia de estos hechos, la justicia ha sido esquiva. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, en sentencia de marzo de 2024, negó las pretensiones de Aguas y Aguas de cobrar por este servicio. El Tribunal consideró que la servidumbre de 2002 es un título legal válido y que la EEP ya realiza compensaciones al pagar tasas de uso de agua a la CARDER y mantener el tanque de carga (costos que sumaron $3.960 millones entre 2007 y 2021). Para el juez, no existe un enriquecimiento injustificado porque la Empresa de Energía opera bajo una voluntad plasmada en un instrumento público que no ha sido anulado.
Esta interpretación judicial ignora la realidad patrimonial: “Aguas y Aguas” tiene una participación pública del 99.9%, mientras que la EEP reparte sus utilidades con inversionistas privados. Estamos frente a un modelo donde el patrimonio estatal sirve de plataforma gratuita para el lucro privado, sin que los mecanismos de control logren equilibrar la balanza.
Hoy, la esperanza de corregir este «tumbis» histórico recae en el Consejo de Estado, que en junio de 2024 admitió el recurso de apelación bajo. Es imperativo que la ciudadanía despierte y entienda que, mientras pagamos tarifas cada vez más altas, nuestros recursos están siendo administrados por mandatarios incapaces de defender lo público, permitiendo que inescrupulosos vivan de lo que a todos nos cuesta. El canal Nuevo Libaré es el monumento a una escisión mal ejecutada que sigue drenando el bolsillo de los pereiranos en favor de los accionistas privados de la energía.
Y siguen otras joyas.
