Llevo más de veinte años trabajando en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas sociales en América Latina. Dos décadas que me han enseñado, con datos y con historias de vida, una verdad incómoda para muchos políticos: la pobreza no se vence en un período de gobierno. Ni en dos. La pobreza es una trampa generacional, y romperla exige instrumentos que sobrevivan a los vaivenes electorales.
El problema: gobernar con programas, no con políticas
Uno de los errores más costosos que cometen los gobiernos —y Colombia no es la excepción— es confundir un programa social con una política pública. Un programa es una herramienta de gestión; una política pública es una decisión de Estado que trasciende gobiernos, presupuestos y colores políticos. Cuando un gobernante llega al poder y desmonta lo que construyó su antecesor simplemente porque no lo inventó él, no está siendo innovador: está siendo cruel con los más vulnerables.
La tentación es enorme. Todo mandatario quiere dejar su huella, su programa estrella, su nombre asociado a la lucha contra la exclusión. Pero la pobreza no entiende de períodos de gobierno. La pobreza tiene su propio tiempo, sus propios ciclos, y para romperlos se necesita consistencia, continuidad y corresponsabilidad.
Las transferencias monetarias condicionadas: la herramienta que sí funciona
Existe suficiente evidencia empírica, acumulada durante décadas, sobre qué instrumentos han probado ser eficaces para atacar la pobreza estructural. Los programas de transferencias monetarias condicionadas (TMC) son quizás el ejemplo más documentado y exitoso de política social en el mundo en desarrollo. El principio es aparentemente sencillo: el Estado transfiere recursos económicos directamente a las familias en situación de pobreza, pero a cambio de compromisos concretos en educación, salud y nutrición. A eso se le llama corresponsabilidad, y es la clave de todo el modelo.
Brasil lo entendió con Bolsa Familia. México con Progresa-Oportunidades. Chile con Chile Solidario. Y Colombia lo implementó con rigor y convicción a través de Familias en Acción, un programa que durante su mejor etapa —hasta finales de 2018— operó con criterios técnicos sólidos, focalización seria y un esquema de corresponsabilidad que obligaba a las familias beneficiarias a cumplir con la asistencia escolar de sus hijos y con los controles de crecimiento y desarrollo en salud. No era caridad: era un contrato social entre el Estado y la familia.
He tenido la oportunidad de conocer por dentro cómo funciona este tipo de programas, de ver en territorios apartados cómo una madre que antes no mandaba a su hijo al médico empieza a hacerlo porque entiende que de eso depende su transferencia, pero sobre todo porque comprende que esa visita médica puede cambiar el destino de ese niño. La corresponsabilidad no es un mecanismo burocrático: es una pedagogía de ciudadanía.
El tiempo de la pobreza: dos generaciones como mínimo
Aquí viene la verdad que ningún político quiere escuchar en campaña: los círculos viciosos de la pobreza no se rompen en cuatro años. Ni en ocho. La evidencia internacional —y la experiencia de quienes hemos trabajado en esto durante más de dos décadas— indica que para que una familia logre salir de manera sostenible de la trampa de la pobreza se necesitan, como mínimo, dos generaciones. Dos generaciones con acceso a educación de calidad. Dos generaciones con atención en salud oportuna. Dos generaciones recibiendo los estímulos adecuados en los primeros mil días de vida. Dos generaciones con una familia que haya internalizado la corresponsabilidad como valor, no como obligación.
Esto significa que un programa que arranca hoy verá sus resultados más profundos veinte, veinticinco años después. Significa que el gobernante que toma la decisión valiente de apostar por estas políticas probablemente no recogerá los aplausos. Significa que la rentabilidad política de estas inversiones es baja en el corto plazo y altísima en el largo. Y ahí está el problema: en democracias con ciclos electorales de cuatro años, lo urgente siempre derrota a lo importante.
Política pública, no programa de paso
Por eso insisto en la distinción fundamental: necesitamos que instrumentos como las transferencias monetarias condicionadas dejen de ser programas de gobierno para convertirse en verdaderas políticas públicas de Estado. Eso implica blindarlos jurídicamente, dotarlos de presupuesto plurianual, someterlos a evaluaciones técnicas independientes y construir consensos políticos amplios que los protejan de los cambios de administración.
Cuando Familias en Acción perdió su enfoque original de corresponsabilidad, cuando se convirtió en una transferencia sin condicionalidades exigibles, perdió parte de su potencia transformadora. No porque el dinero no ayude —claro que ayuda—, sino porque el componente pedagógico, el contrato social implícito, es lo que genera el cambio de comportamiento que a largo plazo rompe el círculo vicioso. El dinero sin corresponsabilidad puede reducir la pobreza monetaria en el corto plazo; la corresponsabilidad con acompañamiento familiar puede cambiar el destino de una generación.
Ningún gobernante derrota la pobreza, pero un país sí puede
Permítanme ser directo, como corresponde a alguien que ha dedicado su vida profesional a este tema: ningún gobernante puede atribuirse que derrota la pobreza. Pero un país, con la consistencia en sus políticas públicas, sí puede lograrlo. Esa es la diferencia entre el político que quiere el titular de mañana y el estadista que quiere el bienestar de la próxima generación.
Los países que han logrado avances sostenidos en reducción de pobreza no lo hicieron porque tuvieron un presidente brillante durante cuatro años. Lo lograron porque construyeron instituciones sólidas, políticas de largo aliento y sistemas de protección social que sobrevivieron a diez, quince, veinte gobiernos. Corea del Sur, Chile en sus mejores épocas, Brasil entre 2003 y 2014: todos tienen en común la continuidad de la inversión social como política de Estado, no como capricho de turno.
Colombia tiene la oportunidad —y la responsabilidad histórica— de recuperar ese camino. De volver a los principios que hicieron exitoso a Familias en Acción en su mejor momento. De aprender de Brasil, México y Chile. De dejar de ver la lucha contra la pobreza como un escenario de disputa política y empezar a tratarla como lo que es: una deuda intergeneracional que este país tiene con sus ciudadanos más vulnerables.
La pobreza no se derrota en cuatro años. Pero si empezamos hoy, con seriedad, con técnica y con voluntad política genuina, quizás en veinte años podamos decirles a nuestros hijos que este país tuvo la madurez suficiente para apostar por ellos antes de que nacieran. Eso es una política pública. Eso es gobernar en serio.
Fernando Sánchez Prada
Comunicador, Consultor y Columnista
