Un mes después del terremoto del 10 de agosto de 2026, el Estado ha atendido las necesidades inmediatas mediante el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Esta respuesta ha sido necesaria, pero la atención de la emergencia no puede confundirse con la reconstrucción. Las comunidades esperan soluciones para sus viviendas, la infraestructura social, la actividad económica, el empleo y el tejido comunitario.
La creación del Fondo Milagro mediante el Decreto 1379 del 9 de septiembre constituye un avance institucional. Sin embargo, todavía no se conoce la cuantía inicial efectivamente asignada, la distribución territorial de los recursos, las prioridades de intervención ni los plazos de ejecución. Tampoco se ha adoptado el Plan General de Intervención, Recuperación y Reconstrucción previsto en el decreto. En consecuencia, existe un instrumento financiero, pero aún no una política pública plenamente definida y operativa.
El problema no es solamente de financiación. Se necesita establecer cómo operará la reconstrucción, quién estructurará y ejecutará los proyectos, qué capacidad de decisión tendrán los territorios y cómo participarán las comunidades, las universidades, las organizaciones sociales y el sector productivo. La centralización excesiva puede convertir los recursos y procedimientos en obstáculos si no existe presencia institucional permanente en las zonas afectadas.
Las experiencias de Mocoa y Providencia son una advertencia. En Mocoa, la Procuraduría documentó retrasos prolongados en proyectos de vivienda y obras de mitigación, asociados con dificultades de planeación, contratación y ejecución. En Providencia, el mismo organismo advirtió que, varios años después del huracán, no existía una versión definitiva del Plan de Acción Específico con presupuestos sectoriales y horizontes verificables. Estos antecedentes evidencian los riesgos de conducir procesos de reconstrucción sin suficiente descentralización, coordinación territorial y participación comunitaria.
El contraste con 1999 es significativo. Cinco días después del terremoto del Eje Cafetero ya se habían creado el FOREC y su sección presupuestal. A los diecisiete días existían instrumentos tributarios, crediticios, empresariales y sociales para promover la recuperación. Antes de finalizar el primer mes se había liquidado una apropiación cercana a $542.300 millones de la época. Aunque el modelo tuvo limitaciones, las comunidades conocían la institución responsable, la existencia de recursos iniciales y algunos de los mecanismos para recuperar sus viviendas y actividades económicas.
No se trata de reproducir el FOREC, sino de recuperar una enseñanza esencial: la reconstrucción necesita dirección, recursos ciertos y operación territorial. El Fondo Milagro será efectivo cuando se convierta en una política pública financiada, descentralizada, participativa y evaluable. Las comunidades necesitan saber a qué pueden aspirar, quién responderá y cuándo comenzarán las intervenciones. Esa certeza es, al cumplirse el primer mes, una de las decisiones más importantes que todavía debe adoptar el país.
| CARLOS GARCÍA LARGO Gerencia Proyectos de Desarrollo Ing. Mecatrónico | Esp. y maestrando en Políticas Públicas |
