Por DANILO SALAZAR RÍOS.
Pasó otro 9 de abril, día clásico para las reflexiones sobre las consecuencias del asesinato del virtual presidente de Colombia en 1948, el Dr. Jorge Eliecer Gaitán, solo que en este contexto de pandemia, se manipula o deja tras bambalinas la importancia de la fecha, sobre todo en sus connotaciones para la sociedad colombiana, pues este asesinato y el de otros líderes, demuestra que sus muertes no son accidentales, sino, que éstas son una estrategia para acallar las voces disidentes que reclaman o piden cambios en el manejo del país, y atemorizar a quienes quieran sumarse a los reclamos o protestas, por lo visto en los últimos años las muertes de líderes sociales y quienes reclaman siguen ocurriendo a pesar de los pomposos planes gubernamentales para evitarlos, lo que evidencia una estrategia de asesinatos selectivos, que desde hace años usan las élites del país para perpetuarse en el poder, y mantener el yugo al pueblo colombiano, a veces se hacen leyes que parecen progresistas, buscando aplacar los reclamos y adormilar a las gentes, como dijo alguien “se busca dar la sensación de cambio, para que todo siga lo mismo”.
Siempre hemos lamentado las muertes de Gaitán y Galán porque pensamos que serían buenos presidentes, pero tal vez, parte de su buena imagen, se debe al hecho de que nunca nos gobernaron, de haberlo hecho, Gaitán seguramente no hubiera logrado las reformas que se proponía, y Galán hubiera sido el presidente que nos hubiera impuesto el odioso sistema neoliberal, causa de la mayoría de los males económicos que hoy padecemos, ambos nos hubieran quedado debiendo, siendo recordados como otros gobernantes mediocres. En estos días de protesta contra la ignominiosa reforma tributaria y celebración del día del trabajo, bajo cuarentena y toque de queda, nos damos cuenta que cuando hay causa justa, es difícil reprimir al pueblo cansado del mal gobierno, que sale a protestar, de manera multitudinaria y a veces tumultuaria, ahí está la expresión de la rabia y de descontento de las gentes. Infortunadamente, el problema no es Duque, o el que lo reemplace, el problemas es el modelo económico neoliberal, eso sí agravado por las “soluciones perversas” de personajes como Duque y Carrasquilla, que pretenden cobrarnos a trabajadores y gentes humildes el despilfarro, mal manejo y robo de dineros que hace, o permite nuestra corrupta clase política.
En los últimos años se declaró el 9 de Abril como el “Día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado”, o día de las víctimas, pero en ese campo también hay mucha tela para cortar: empecemos por decir que el director de la agencia de defensa jurídica del estado( Andje) Camilo Gómez, en entrevista en “El Tiempo” viernes 16 de abril del 2021, jactanciosamente dice “hemos ahorrado al estado $ 7.5 billones en demandas este año”. Señala que en el caso de demandas al decreto de aspersión con glifosato, que su oficina la considera como un caso de seguridad nacional, la C.I.D.H. archivó tres casos por glifosato. Dice el artículo que según la O.N.U. “La demanda de sustancias químicas para producción de pasta base de cocaína pasó de 90.000 a 92.000 de sustancias sólidas entre 2018 y 2019, y de 457 a 469 millones de litros de sustancias liquidas, esto va a la selva, el daño ambiental del narcotráfico”, éstas cifras sirven para minimizar las críticas a los daños ambientales de la fumigación aérea, planteada como solución a los cultivos de coca.
Sin embargo, para demostrar la doble moral de un estado que promulgó la ley 1448 del 2011, ley de víctimas, pero al mismo tiempo intenta eludir sus responsabilidades, el editorial de “El Espectador” domingo 28 de marzo de 2021, dice que “rechaza el espectáculo bochornoso que protagonizó el estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH. En el caso de Jinet bedoya” y dice que “muestra cómo los abogados representantes de nuestro país ante ese tribunal han utilizado todas las tácticas posibles para negar la realidad, excluir a las víctimas e incluso desconocer fallos expedidos por la rama judicial colombiana”, continúa el editorial “es lamentable que la representación del estado colombiano siempre haya optado por asumir posiciones crueles que buscan evadir la responsabilidad y obstaculizar los procesos”. “ Ahora el temor de muchas organizaciones que han tenido que recurrir al tribunal internacional para hacer valer sus derechos es que se pretenda crear el ambiente para ir más lejos y abandonar la convención americana, como lo hizo la Venezuela de Hugo Chaves y Nicolás Maduro” . Según el editorialista ningún gobierno se salva, pues desde 1995, cuando por primera vez se condenó al estado,” han fomentado una defensa jurídica que les da la espalda a las víctimas y busca entorpecer la labor de la CIDH”, ¡Qué tal eso!, Preocupante la situación para las víctimas que reclaman que se leS repare por los daños sufridos.
El mismo 28 de marzo, “El Espectador” páginas 6, 7, y 8, publica una investigación sobre 24 sentencias contra Colombia en el sistema interamericano, una de las más notorias es la del Palacio de Justicia con saldo de 98 muertos y 8 desaparecidos, victimas silenciadas hasta 1993, cuando el Tribunal de Cundinamarca, le otorgó responsabilidad al estado en esos hechos, y los familiares emprendieron la reclamación de justicia, en 2014 la corte IDH les dio la razón y condenó al estado, el defensor de Colombia en ese momento causó revuelo al querer desconocer el fallo, el estado reconoció, solo parcialmente, su responsabilidad.
También destaca el artículo mencionado, el caso de la masacre de Mapiripán, ocurrida en éste municipio del Meta entre el 15 y 20 de julio de 1997, cuando las A.U.C. dirigidas por Carlos Castaño ingresaron a ésta localidad, dejando las autoridades militares abandonados a su suerte a los pobladores, éstos fueron torturados, y masacrados entre 20 y 47 personas, el número exacto no se sabe pues los muertos fueron arrojados al rio Guaviare. “Pese a que el estado aceptó su responsabilidad por la participación del ejército en los hechos violentos, aclaró a la corte que solo respondía por 12 víctimas, pues ellas eran las que ya estaban identificadas en sentencias internas”, el tribunal desestimó el alegato, dijo que caso estaba en la impunidad y llevaba 5 años sin avances significativos y condenó al país.
Otro caso destacado es el de los comerciantes, que el 7 de octubre de 1989, fueron desaparecidos en Puerto Boyacá, por paramilitares de la asociación de campesinos y ganaderos del Magdalena Medio (Acgdecam), por supuestos vínculos con la guerrilla, los 17 comerciantes fueron asesinados, descuartizados y lanzados al rio, posteriormente otros dos comerciante que llegaron a averiguar por los primeros , corrieron igual suerte, nunca se probó la participación de agentes del estado en los crímenes, y con ese argumento se defendió Colombia, pero para la corte IDH “ fue el estado colombiano el que auspició la creación de esos grupos de autodefensas que se convirtieron en grupos armados ilegales”.
Otro caso emblemático en el que no se ha hecho justicia, es el de la eliminación violenta de la Unión patriótica. “ EL Espectador” en artículo publicado el 31 de enero del presente año, páginas 6 y 7, dijo que el pasado 8 de febrero del presente 2021, se haría una audiencia en la corte interamericana, donde por fin, después de 28 años de espera, se verían cara a cara las víctimas de la U.P. y los delegados del estado colombiano, según el artículo : “ Ahora se trata de adoptar una decisión respecto a 6.002 militantes más, 476 por casos de desaparición, 3.098 por homicidio y otros cuantos por diversas violaciones de derechos humanos” .
En sendos videos, Richard Acosta y Milton Parejo, hablan de las víctimas del conflicto armado, aunque sus cifras difieren, el señor Parejo da los siguientes datos: Entre 1958-2018 hubo un total de 261.619 víctimas fatales, en el mismo periodo anterior ocurrieron 4.120 masacres con saldo de 24.447 víctimas mortales, entre 1970-2010 se reportaron 27.032 secuestros, 177.719 asesinatos selectivos, se denunciaron 68.431 desapariciones forzadas, hubo 15.738 víctimas de violencia sexual y para 2017, los desplazados eran 7.2 millones de personas que tuvieron que abandonar sus tierras, sus raíces, su historia, estas cifras dice el señor parejo son del Centro de Memoria Histórica; el señor Richard Acosta da cifras significativamente más altas, y denuncia además 10.237 casos de tortura, y los 6. 402 falsos positivos. Como puede verse las cifras son aterradoras. ¡Eso sin contar los miles de discapacitados por el conflicto ¡
Según dicen algunos, el estado quiere lavarse las manos e invisibilizar los procesos de resistencia popular. Cómo dijo emotivamente un afectado “nadie escoge ser víctima”. En su video el señor Parejo concluye: “Hoy 9 de Abril, no solo se conmemora el día nacional de las víctimas, es la fecha de reivindicación de todas aquellas voces que no han sido escuchadas, esas historias que no han sido contadas y esos clamores que no han sido levantados”