Por: CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE FERRO
A escasos dos meses de terminar su reinado, el entonces alcalde de Pereira Israel Londoño, celebró el contrato de concesión No. 0047 de 2011 con la señora María Aleyda Acevedo de Osorio. Fue para el uso, mantenimiento y aprovechamiento económico de la zona de uso público, correspondiente a los 498 parqueaderos de la Plaza Cívica Ciudad Victoria. El monto, $53.900.000 por mes, de los cuales el concesionario debería pagar $34.080.000, los restantes $19.820.000 correspondían a los costos operacionales de los parqueaderos arrendados.
Como los términos del proceso licitatorio y del contrato fueron para beneficiar a la contratista, se adicionó un convenio de cooperación para que ésta elaborara e instalara cinco elementos de publicidad dentro de los parqueaderos, otorgándole exoneración del 35% del arrendamiento, o sea, para que le saliera gratis.
Luego, tras varios escritos denunciando el incumplimiento del contrato, por fin el 22 de abril de 2015 la Dirección Operativa de Control Físico, en su calidad de supervisor, realizó requerimiento al contratista por incumplimiento en sus pagos desde marzo de 2014. Exigencia que repite el 26 de mayo de 2015 tras persistir el incumplimiento de las obligaciones. Acto seguido, informaron a la Secretaría Jurídica la situación para que iniciaran los procesos encaminados a lograr la recuperación del espacio público, del dinero adeudado y la aplicación de las multas a las que había lugar.
Hubo que esperar hasta el 26 de noviembre de 2015 para la audiencia que trataba el incumplimiento, dando aplicación a lo dispuesto en las normas correspondientes. La concesionaria no asistió, por ende, allí mismo, se emitió el acto administrativo declarando el incumplimiento del mentado contrato.
Posteriormente, el 30 de diciembre de 2015, terminando la infame alcaldía de Enrique Vásquez, se da la terminación, liquidación, cobro de lo adeudado y aplicación de la cláusula penal pecuniaria. Acto seguido se demandó a la contratista la entrega de los parqueaderos y no obstante que la citación fue entregada de manera personal, ésta no compareció. Tan se tenía previsto que no se pagaría el alquiler, que no se encontraron informes correspondientes a la ejecución del convenio. El monto de las sumas adeudadas por el contratista al municipio, fue calculado en $1.201 millones, sin incluir la cláusula penal pecuniaria por los perjuicios causados, que es de $750 millones.
¡Oh sorpresa!, el pasado 4 de febrero, la Tesorería municipal me informó que no ha sido posible recuperar los $1.201 millones adeudados por la concesionaria, pues no encontraron recursos pertenecientes a ella en ninguna de las entidades financieras, ni bienes inmuebles, solo se encontró un vehículo a su nombre y se expidió orden de embargo. Según la DIAN, la deudora no tiene ninguna actividad o ingreso reportado, concluye el oficio que la señora se ha insolventado y es catalogada una cartera de difícil cobro. Es bueno también contar que la póliza de seguros que garantizaba la ejecución del contrato, fue expedida por una compañía que se liquidó durante la ejecución del mismo y nadie ordenó su cambio. Todo estaba calculado.
En esto quedó uno de los tantos negocitos del exalcalde Israel Londoño, en los que siempre la ciudad perdió y sigue perdiendo. Nada ha cambiado, y el elemento en común es la ausencia de justicia y de la actuación pronta y oportuna de los organismos de control. Mientras tanto a los habitantes de San Isidro en el corregimiento de Puerto Caldas, se les trata peor que a los animales y les niegan cualquier ayuda. Solo garrote y gases lacrimógenos, pues no hay recursos, estos se desaparecen en chanchullos como este que a diario ejecutan.