Por ADRIANA VALLEJO DE LA PAVA
Desde 1997 la Corte Constitucional avaló la eutanasia. La muerte digna es un derecho, sin embargo, su acceso no ha sido fácil y no cesa la oposición de sectores ultraconservadores y religiosos que consideran que con la eutanasia se viola el derecho a la vida.
Esta semana se dio un avance importante en el reconocimiento del derecho a una vida y a una muerte digna. La Corte Constitucional acaba de ampliar la eutanasia a pacientes no terminales, como resultado del estudio de una demanda que pedía condicionar el artículo 106 del Código Penal que se refiere al homicidio por piedad o eutanasia.
Los demandantes argumentaron que hay personas con lesiones corporales o enfermedades incurables que no pueden solicitar al personal médico que los ayuden a morir dignamente porque se estaría cometiendo un delito por no ser pacientes terminales, esa limitación vulneraba el derecho a la integridad, a la igualdad y a la dignidad.
Razón tienen los demandantes y los magistrados de la Corte Constitucional que votaron a favor. No es tener un final, aparentemente más cercano a la muerte, que tiene un paciente terminal, lo que busca la eutanasia, lo que pretende una persona que se ve obligada a recurrir a ella es que cese el dolor, que la persona tenga el derecho a mirar su existencia y las condiciones que su cuerpo le imponen para decidir si desea continuar viva o morir dignamente. “Ya no voy a estar atrapada en un cuerpo que no sirve”, afirmó Yolanda Chaparro, después de haber luchado meses por una muerte digna.
El Estado no debe obligar a la gente a sufrir, como lo afirman los demandantes ese trato puede catalogarse como cruel, inhumano o degradante. Lamentablemente, hay enfermedades sin cura, que producen grandes sufrimientos y hay personas que viven con intenso dolor como consecuencia de alguna lesión.
La Sala Plena de la Corte Constitucional reiteró la sentencia de 1997 que establecía que el derecho a la vida no pude limitarse a la existencia biológica, sino que implica poder vivir dignamente y para ello el Estado debe reconocer la autonomía, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad.
Para terminar, es importante el llamado que hace la Corte para eliminar efectivamente las barreras al ejercicio del derecho a morir dignamente y al acceso a cuidados paliativos y terapéuticos con el acompañamiento médico necesario.