Por Ernesto Zuluaga Ramírez
La corrupción de “cuello blanco” es la causa principal por la que este país se encuentra sumido en la pobreza y sus tentáculos llegan más allá de donde los colombianos nos podemos imaginar. Quienes la practican son grandes empresarios expertos en manipular la opinión, vestirse de ovejas y torcer la justicia. Los organismos de control casi nunca los tocan mientras hacen aspavientos con supuestos hallazgos en el desarrollo de otras “pichurrias” contrataciones. Estos entes nos hacen creer que están cumpliendo con su misión cuando propician y patrocinan escándalos públicos que no concluyen en nada especial y destruyen la imagen de algunos funcionarios exponiéndolos al escarnio público por supuestas irregularidades o delitos que pocas veces terminan por confirmarse. Sobre Odebrecht nunca pasó nada porque casi toda la dirigencia nacional está untada. Los escándalos mediáticos se dieron más porque casi toda la dirigencia está untada. Los escándalos mediáticos se dieron más porque en otros países cayeron altos funcionarios y ex presidentes y porque los mismos empresarios de la multinacional brasileña abrieron la boca y reconocieron haber pagado en Colombia US$32,5 millones en sobornos y coimas; todos sabemos que las investigaciones no llegarán a ningún Pereira.
Igual pasó con los contratos para la construcción del proyecto hidroeléctrico del Guavio donde se perdieron quince mil millones de pesos y solo un contratista (Fabio Puyo) fue vinculado, pero se le permitió que se fuera a vivir a España donde goza de su riqueza.
El gerente liquidador de Folconpuertos se amangualó con algunos jueces para otorgar miles de pensiones irregulares y estafar al erario público por dos y medio billones de pesos; vive en Santa Marta gozando incluso de una altísima pensión del Congreso.
En Interbolsa se robaron trescientos mil millones de pesos y los dos cabecillas del desfalco, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortíz, fueron condenados a solo cinco años de prisión y gozan en Medellín de detención domiciliaria. En el carrusel de contratos que se vivió en Bogotá, durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas y en el que se perdieron 2,2 billones de pesos, se dieron condenas ejemplares pero nos quedó el tufillo de que la justicia operó motivada por más por el afán de una retaliación política.
En Salucoop se perdieron 1,4 billones de pesos y Carlos Palacino, ex presidente de esa empresa, aún no ha sido condenado después de cinco años de investigaciones a pesar de que todos conocimos de sus viajes, derroches e inversiones en el extranjero. La Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) fue liquidada cuando se descubrió que su director —Carlos Albornoz— había hecho varias entregas irregulares de narcobienes; sin embargo fue absuelto y ninguno de los muchos congresistas vinculados al escándalo fueron investigados.
El caso más reciente que agobia a los colombianos es el que se vive en Hidroituango. Es vergonzoso descubrir que los miembros de la junta directiva de EPM tengan intereses en las empresas contratistas del proyecto y que los han tenido desde hace muchos años sin que nadie los hubiera denunciado. Son “vacas sagradas” y exitosos empresarios que aprovechan muy bien sus influencias y que afirman sin pudores no diferenciar entre amistades y negocios. Germán Vargas Lleras en su reciente columna en El Tiempo hace pública la olla podrida que existe allí y aplaude la decisión del alcalde de Medellín de enfrentar esta maquinaria al demandar al consorcio que construye el proyecto. Los implicados son tan poderosos que desde ahora podemos deducir que no pasará absolutamente nada y que la justicia será ciega ante tales desmanes. ¿Será que nuestros jueces creen que la diosa Temis, símbolo de la justicia, tiene los ojos vendados para hacerse la pendeja?
Publicado simultáneamente en El Diario y El Opinadero, con autorizaciòn expresa del autor.
Buena síntesis de la corrupción